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La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales reforzará este año la atención a la dependencia en la provincia con una aportación extra de 851.213 euros, que se distribuirán entre la Diputación Provincial de Almería y los seis municipios con más de 20.000 habitantes, para financiar el mantenimiento de los contratos de los trabajadores sociales que forman parte del personal de refuerzo para la atención a la dependencia en la provincia.
El delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Alfredo Valdivia, ha informado hoy en rueda de prensa del acuerdo del Consejo de Gobierno que “garantiza la atención a las personas dependientes de nuestra provincia, a pesar de los cambios normativos y los recortes introducidos por el Ejecutivo nacional, que han supuesto una merma de 314 millones de euros para dependencia en Andalucía, en los últimos tres años”.
Los servicios sociales comunitarios se encargan de gestionar las prestaciones y proporcionar información y asesoramiento a los ciudadanos, con especial atención a colectivos como los de personas mayores y con discapacidad o inmigrantes. Su gestión compete a las entidades locales y la financiación corre a cargo de las administraciones local, autonómica y estatal.
Desde el año 2006 la Junta ha habilitado anualmente créditos dirigidos a la contratación del personal de refuerzo por parte de las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Contando con los recursos consignados para 2014, Andalucía ha destinado a este fin 131,39 millones de euros, mientras que para el total desarrollo de la ley, se han dedicado 6.743 millones. Igualmente, en los presupuestos de 2014 la Junta reserva 1.115 millones para atender el sistema de atención a las personas en situación de dependencia. Para el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, estas cifras muestran “la apuesta por mantener el bienestar de estas personas y el empleo que mueve a su alrededor”. Alfredo Valdivia ha señalado que a lo largo de 2014, “la Junta de Andalucía va a realizar un gran esfuerzo para garantizar la tasa de reposición y el incremento paulatino del número de beneficiarios de la Ley de la Dependencia, para llegar a la cobertura de años anteriores”.
En Almería existen 15.637 beneficiarios del sistema de atención a la dependencia, que tienen reconocidas 20.190 prestaciones, ya que un mismo usuario puede recibir varias, como ayuda a domicilio y teleasistencia, por ejemplo. Durante el pasado año 2013 la Junta de Andalucía ha destinado en la provincia más de 100 millones de euros para el mantenimiento de servicios como la ayuda a domicilio o los centros residenciales y unidades de estancia diurna para la atención de personas mayores y con discapacidad.
Así, se han abonado 34,1 millones de euros para el pago de las prestaciones económicas por cuidado en el entorno familiar de más de 8.700 dependientes. A ello se añaden 29,5 millones de euros para garantizar el funcionamiento de los servicios de ayuda a domicilio, a los que hay que sumar más de 850.000 euros para el programa de consolidación de esta prestación, a través del decreto de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social.
La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha pagado a lo largo de 2013 un total de 34.855.346,13 euros para sufragar la atención en centros residenciales y más de 7,3 millones de euros para la financiación de las unidades de estancia diurna.
Nuevos cambios normativos
Alfredo Valdivia ha explicado durante su comparecencia los nuevos cambios normativos que, en últimos días de diciembre, se aprobaron por parte del Gobierno central. Estas normas suponen, “ya oficialmente y con una norma con rango de ley, un recorte de derechos y una burocratización en el acceso a las prestaciones, algo que ya sabíamos pero que al venir ahora impuesto por un decreto-ley desarrollado específicamente para la dependencia”, ha señalado.
Estos desarrollos normativos introducen mayor burocratización en el acceso del ciudadano a las prestaciones. Se exige, por ejemplo, que junto con la solicitud, la persona solicitante presente documentación relativa a su situación económica y patrimonial cuando aún no se ha valorado si la persona presenta o no situación de dependencia. Para facilitar los trámites, Andalucía es la única comunidad autónoma que no exige la presentación del informe de salud junto con la solicitud, sino que es la propia Administración la que se encarga de obtenerlo solicitándolo directamente al Servicio Andaluz de Salud.
Se concreta también la bajada de la intensidad de la ayuda a domicilio, que ya se establecía en el Real-Decreto 20/2102 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. De este modo, la intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio se ve reducida hasta en 20 horas para grandes dependientes pasando de 90 a 70 horas mensuales de atención máxima.
Estos nuevos decretos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, también endurecen los requisitos que deben cumplir las personas cuidadoras obligándoles, por ejemplo, a estar prestando atención previa a la solicitud durante, al menos, un año y a la convivencia en el mismo domicilio que la persona en situación de dependencia. Igualmente se deroga la norma que establecía revalorización anual de las cuantías de las prestaciones económicas en función del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que en la práctica elimina el incremento de las cuantías máximas de las prestaciones económicas. El decreto-ley también penaliza el reconocimiento de prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar al reducirse la financiación estatal para esta prestación, potenciándose que se concedan prestaciones económicas vinculadas a servicios privados.
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