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Pese al título que encabeza estas líneas, no voy a hablar hoy de la gota fría que asoló nuestra provincia hace unas semanas. El chaparrón al que me refiero es al que le ha caído encima al alcalde de El Ejido, Francisco Góngora (PP), por intentar sacar a su municipio del VioGén, el Sistema de Seguimiento Integral de casos de Violencia de Género, una herramienta que permite la coordinación de las distintas administraciones públicas a la hora de proteger a las mujeres víctimas de la violencia machista.
El anuncio de la salida del Ayuntamiento de El Ejido de este sistema lo adelantaba la prensa el martes a primera hora de la mañana y, al filo del mediodía, el mismo alcalde se veía obligado a dar marcha atrás, ante el aluvión de críticas que recibió por parte de los medios de comunicación y la sociedad civil.
El alcalde de El Ejido había intentado justificar su decisión en la supuesta escasez de medios que tiene su ayuntamiento para proteger a las mujeres maltratadas, sin caer en la cuenta de que la excusa, por burda, no podía colar. Si un alcalde considera que no tiene agentes de policía local suficientes para prestar un servicio tan importante, lo que debe hacer es aumentar esos medios –algo que podía haber hecho ya en los más de ocho años que lleva gobernando–, antes que dejar a las víctimas de la violencia machista desamparadas. Es de sentido común y una cuestión de prioridades.
Por lo tanto, lo que quedó al descubierto con el intento de Góngora de salirse del VioGén fue su escala de prioridades, donde la lucha contra la violencia machista se sitúa a la cola. ¿Es más importante poner multas o impedir que un maltratador termine matando a una mujer?
Lo más preocupante de lo sucedido no es, en cualquier caso, el hecho puntual que llevó al municipio de El Ejido a ocupar minutos de informativos por todo el país por la mala decisión de su alcalde. Lo más preocupante es que esto no es un caso aislado, sino uno más en la ya larga lista de despropósitos que está protagonizando el Partido Popular desde que se mira en el espejo de Vox.
El pacto de las derechas con la ultraderecha en Andalucía ha dejado ejemplos de sobra de hasta dónde pueden radicalizarse PP y Cs cuando Vox presiona. Basta recordar la creación del Teléfono contra la Violencia Intrafamiliar, que no busca defender a menores ni a ancianos (los cuales tenían ya teléfonos propios de denuncia a su disposición), sino confundir los términos e intentar confinar la violencia contra la mujer entre los asuntos domésticos.
El Partido Popular y Ciudadanos también pasaron por el aro cuando Vox les pidió la lista de los profesionales que trabajan en la Junta de Andalucía haciendo los informes de violencia de género.
Es cuestión de tiempo que la derecha tradicional termine asumiendo como propios los postulados de Vox, un partido que sostiene que “la violencia no tiene género”, como volvió a repetir el secretario general del partido, Javier Ortega Smith, hace unos días en Madrid, mientras reventaba el minuto de silencio que se estaba celebrando en repulsa por la última mujer muerta por violencia machista.
El Partido Popular y Ciudadanos podrían ser valientes y defender lo que es de justicia, que además coincide con lo que piensa la inmensa mayoría social de nuestro país: que con la violencia machista no se juega y que tenemos que ir todos a una para acabar con esta vergonzosa lacra que, semana sí y semana también, deja mujeres asesinadas y niños huérfanos. Una sociedad democrática y libre no puede amparar a asesinos, es así de sencillo. Y, sin embargo, los cálculos electorales se están anteponiendo una vez más en estos dos partidos, a los que sólo les preocupa recuperar los votos de la extrema derecha o mantener las alianzas con las que han llegado al poder.
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