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El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó la conocida como Tasa Google, un impuesto a las grandes empresas digitales que permitirá a España recaudar en torno a 968 millones de euros al año, una cifra nada desdeñable si se tiene en cuenta que supone el 0,45% del total de ingresos fiscales de nuestro país.
La aprobación ha ido acompañada del ruido que suelen hacer los defensores más acérrimos de la ley de la jungla, para los cuales cualquier medida recaudatoria supone poco menos que poner en riesgo de muerte la economía de un país.
A los apocalípticos viene bien recordarles que esta tasa sólo afectará a las empresas de internet con ingresos anuales de más de 750 millones de euros, una cantidad que me atrevo a asegurar que deja fuera a cualquier pyme española.
También conviene recordar que España no se ha lanzado sola a esta aventura. Países como Francia, Italia o Alemania ya cuentan con figuras tributarias sobre servicios digitales, la Comisión Europea tiene un proyecto para implantar una tasa a los gigantes de internet y hasta la OCDE está trabajando para que las grandes empresas tecnológicas tributen allí donde hacen negocio, y no en los países con reglas fiscales más laxas, como hacen actualmente.
No resulta descabellado, por tanto, que el Gobierno español haya dado un paso adelante para que esos gigantes digitales tributen en España el 3% de los ingresos que generan aquí con la venta de publicidad y la venta de datos personales.
A los catastrofistas también conviene recordarles que, con el dinero que recauda el Estado es con lo que se financian las obras que reclamamos todos.
Con ese dinero es, por ejemplo, con lo que se va a acometer la rehabilitación del Cable Inglés, una obra que desde hace unos días luce ya el cartel, en el que se anuncia la inversión de 2,2 millones de euros por parte del Gobierno de España, con cargo al 1,5% Cultural. Este fondo, gestionado por el Ministerio de Transportes, también va a permitir la inversión de 3 millones de euros en la rehabilitación del Hospital Provincial, así como la rehabilitación de la torre de la Catedral, la reforma del anfiteatro del castillo de Los Vélez, la rehabilitación del castillo de San Juan de los Terreros y la restauración del castillo de Tabernas.
El compromiso del Ministerio de Transportes con la provincia de Almería está, por lo tanto, más que claro, aunque el alcalde de Almería insista en escribirle al ministro Ábalos periódicamente. La última misiva, que Fernández Pacheco envió el Día de los Enamorados, volvió a ser convenientemente publicitada, en una demostración de amor público que empieza a resultar turbadora.
Como aquella bachata que sonó machaconamente en el año 2002, la relación que parece mantener Fernández Pacheco con Ábalos no es amor. “Lo que tú sientes se llama obsesión”, seguía la letra. Y es que esa insistencia del alcalde de la capital en preguntar por las obras que el Ministerio tiene en marcha en Almería no la vemos en el caso de las obras que dependen de la Junta de Andalucía. Ni media palabra se le ha escuchado sobre el retraso en la apertura del Hospital Materno Infantil, la misteriosa desaparición del proyecto para levantar el edificio de Consultas Externas de Torrecárdenas ni la falta de interés repentina de la Junta por el conservatorio de danza, cuestiones, todas ellas, que también afectan a los vecinos de la capital. Obras son amores, aunque el único amor que le importe al alcalde de Almería sea el del Gobierno de España, que por suerte lo tienen los almerienses y se llama más de 1.000 millones para el AVE, rehabilitación del Cable Inglés, una sede en el centro para la Universidad… ¿Y la Junta?
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