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La sesión plenaria que esta mañana ha celebrado la Corporación municipal con una decena de puntos en su orden del día, ha centrado la mayor parte del debate en las mociones presentadas por los distintos grupos municipales. Una sesión presencial, celebrada en la Sala Corazón, de la Casa de la Juventud y el Deporte, con todas las medidas antipandemia y en la que se ha formalizado la incorporación como nuevo concejal de Rodrigo Rodríguez Bonilla, dentro del Grupo Popular, en sustitución de Luis González.
Precisamente y tras la aprobación de las actas de sesiones anteriores, la toma de posesión, con juramento incluido, del nuevo edil popular, ha abierto el debate plenario, en el que se ha dado luz verde al nuevo convenio entre el Ayuntamiento y la Diputación de Vícar en materia de gestión catastral que permitirá ampliar las actuaciones reflejadas en el convenio anterior. Una aprobación que ha contado con la oposición del PP y la abstención de Vox. También se ha aprobado un proyecto de actuación para la instalación, en suelo no urbanizable, de una planta móvil de hormigón, en la rambla de Carcauz, en este caso con los votos en contra de los grupos de la oposición.
Si ha habido unanimidad a la hora de la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la intervención municipal en la ejecución de obras y ocupación de inmuebles que requieren declaración responsable o comunicación previa, así como la provisional de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. También ha habido consenso para la adhesión a la Declaración Institucional de la FEMP con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales.
Han sido el debate de las mociones de los distintos grupos, un total de nueve, las que han centrado la mayor parte de la sesión. La mayoría de ellas han salido adelante como la presentada por Izquierda Unida contra la trata, la prostitución y en favor del cierre de prostíbulos, de acuerdo a lo pactado con el Ministerio de Sanidad en materia de locales del llamado "ocio nocturno” , aprobada por unanimidad, o la presentada por este mismo grupo sobre la celebración del Día Internacional contra la violencia a la mujer, a la que solo se opuso Vox, al considerarla "sectorial y que causa confusión".
Dos mociones ha presentado también el PP, una solicitando la celebración de plenos telemáticos mientras dure la pandemia, rechazada por el PSOE, por considerar que "actualmente no se dan las circunstancias para que dejen de ser presenciales", y otra genérica para la retirada de la propuesta de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que fue rechazada con los votos de PSOE e IU, que estiman que "es la única forma de terminar con el bloqueo existente para la renovación del CGPJ".
Por su parte, el grupo Vox ha presentado un total de cuatro mociones, de la que solo una ha sido rechazada, la referente a la adopción de medidas de ayuda y reactivación del sector del turismo, la hostelería y el comercio local en general, "debido a la existencia del Plan de Ajuste que hasta 2022 tiene encorsetado al Ayuntamiento", tal y como ha recordado el alcalde, Antonio Bonilla. Las otras tres mociones de Vox, relacionadas con medidas sobre la ocupación ilegal de viviendas, dotar de mas materiales y equipos a la Policía Local y apoyo a la figura del Rey, encontraron el apoyo con matices de los otros grupos municipales, a excepción de IU que se opuso a las tres.
Finalmente se ha aprobado, con los dos votos en contra de Vox, la moción presentada por el Grupo Socialista, para instar a la Junta de Andalucía a a consensuar, en el seno de la FAMP, un Plan Andaluz de Mejora de la Dependencia, respetando la labor de las y los profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios. y para que en el Presupuesto para el ejercicio 2021 lleve a cabo un refuerzo de recursos humanos y de medios materiales, que sean suficientes para lograr la reducción de plazos administrativos y de resolución expedientes de grados I, II y III, así como instar al Gobierno de España a recuperar la financiación del Sistema Andaluz de Dependencia, en los términos previstos inicialmente en la Ley (50/50), reducidos por el Gobierno del PP.
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