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CCOO y UGT, sindicatos mayoritarios en Correos con más del 70% de representación, denuncian que el colectivo de trabajadores del servicio postal no está incluido dentro de la estrategia de vacunación contra la COVID-19 del Gobierno, como colectivo prestador de un servicio público esencial.
En dicha estrategia se establece el orden en el que los grupos de población podrán acceder a la vacunación, y además se han ido incluyendo los colectivos que también están siendo vacunados al estimar que su actividad laboral es una función esencial para la sociedad. Se incluyen todas las personas con trabajos relacionados con el ámbito sanitario y hospitalario, tengan o no contacto con el público, residencias y centros penitenciarios, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, incluidas las policías autonómicas y locales; el personal de emergencias, bomberos o protección civil, las Fuerzas Armadas y los docentes de Infantil, Primaria, Secundaria y los de Educación Especial, incluyendo a otros profesionales que atienden al alumnado.
CCOO y UGT entienden que es imprescindible hacer un orden de prioridad en el acceso a la vacunación, pero denuncian que el personal de Correos no esté incluido en esa previsión, a pesar de ser mayoritariamente un colectivo laboral que presta un servicio público en contacto directo con la ciudadanía, a la altura de los colectivos mencionados. Con independencia de que el Gobierno deba establecer las prioridades, para estas organizaciones sindicales cabe preguntarse por qué para el Gobierno el servicio postal, y sus más de 55.000 trabajadores y trabajadoras, parecen no ser esenciales para la sociedad.
En un tema tan delicado quieren evitar caer en demagogias, porque son muchos los colectivos laborales que, con similares argumentos, piden al Gobierno -a través de sus patronales- ser los próximos en poder acceder a la vacuna en función de su actividad: trabajadores/as de supermercados, taxistas, camareros, etc. Los trabajadores/as de Correos recogen hoy los frutos envenenados de las acciones de su presidente. Porque cuando lo que se vende durante casi tres años es la transformación de Correos en una eficiente y moderna empresa paquetera “sin nombre”, abandonando la carta, el servicio rural y primando el valor del negocio frente al del servicio público a la ciudadanía, no es de extrañar que el Gobierno y la sociedad, engañados por un presidente que utiliza Correos para su proyección personal, nos vean solamente como una empresa paquetera más.
La estrategia de desguace y reconversión del modelo de servicio público postal, en el que la filial Correos Express coloniza la empresa matriz derivando actividad, carga de trabajo y empleo para que lo desempeñen trabajadoras y trabajadores autónomos, es una responsabilidad directa de Serrano, y, como vemos, tiene consecuencias que van más allá del plano laboral. CCOO y UGT exigen la vacunación de los casi 55.000 trabajadores/as de Correos como colectivo esencial y de alto riesgo en contacto con millones de ciudadanos/as y denuncian la exclusión propiciada por decisiones del presidente de la compañía pública, Juan Manuel Serrano
• Afirman que esta exclusión se debe a la política de mercantilización y abandono del concepto de Servicio Público implantada por su presidente, Juan Manuel Serrano.
• Los sindicatos exigen a la empresa que se posicione públicamente exigiendo al Gobierno la consideración de Correos y sus más de 55.000 trabajadores y trabajadoras como prestadores de un servicio esencial y que accedan a la vacunación como colectivo en primera línea de riesgo de contagio por su contacto directo y diario con millones de ciudadanos/as. 4 de marzo de 2021 CCOO y UGT exigen que, más allá de supuestas cartas al Ministerio, Serrano realice personalmente un posicionamiento público expreso (utilizando ese carísimo altavoz mediático que le sirve para autobombo) en el que pida la inclusión del colectivo de Correos en la estrategia de vacunación de colectivos esenciales.
Lo son por razones sociales (vertebran territorio y sociedad) y también sanitarias (¿hay más primera línea que decenas de miles de personas contactando con millones de ciudadanos y ciudadanas a diario?). Sería un primer paso por su parte para poner en valor el servicio público postal, y el trabajo de las más de 55.000 personas que lo realizan todos los días.
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