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El pasado día 3 de Marzo de 2021 en una operación conjunta de la Inspección de Trabajo y la UCRIF de la Policía Nacional en una empresa agraria de Roquetas de Mar, identificaron a 8 trabajador@s que estaban trabajando en la finca. A cada trabajador, cinco hombres y tres mujeres, se les notificó una orden de expulsión por carecer de Permiso de Residencia.
Desde el Sindicato de Obreros del Campo - Sindicato Andaluz de Trabajadoras de Almería entendemos que en dicha operación no se profundizó lo suficiente en las condiciones laborales que los trabajadores/ as llevaban soportando, algunos desde el año 2017. Por los testimonios que estamos recabando entre los afectados, creemos que hay motivos para haber procedido a detener a los empresarios agrícolas que los empleaban y profundizar aún más en la investigación.
Según la información recabada por el sindicato, los trabajadores recibían salarios que eran casi la mitad del SMI, 36 euros día. Además a este salario se le retraía entre 200 y 250 euros según el caso, con la promesa de que se les regularizaría su situación al cumplir los tres años de estancia en el país. La jornada laboral era de 8:20 h. de lunes a sábados y en algún momento se trabajó en domingo. Únicamente con descanso en el mes de julio. La jornada laboral se realizaba sin las adecuadas medidas de seguridad e higiene, que no contenían ninguna prevención contra el Corvid-19.
Además de la utilización de productos fitosanitarios con los trabajadores dentro del invernadero. Pero las cosas no se acababan ahí. Pagaban por supuestamente ser empadronados, y por un “documento” que se les entregaba por proporcionarles alojamiento. Además del acoso sexual que recibían algunas trabajadoras. En realidad todo era un engaño a unos migrantes a los que se mantenían en condiciones de semi esclavitud: nunca fueron empadronados ni regularizados.
Según el portavoz del Soc - SAT Almería, José G. Cuevillas, "El pasado 10 de marzo el sindicato puso en conocimiento de la Inspección de Trabajo toda la información recabada. Y se solicitará la protección de estos ciudadanos. Y según la respuesta que se obtenga, se pondrá la oportuna denuncia ante el Juzgado. No es posible que una situación que incumple claramente todos los derechos laborales y derechos humanos, finalmente beneficie al empresario que los explotaba. Ya que con la expulsión también se le elimina el problema y se le permite quedarse con todos los beneficios de su explotación. Las situaciones de abuso laboral y de vulneraciones de derechos fundamentales, no es justo que acaben con ordenes de expulsión".
COMUNICADO del sindicato Soc-SAT Almería
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