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Ayer domingo, 9 de mayo, se ha vuelto a hacer una ofrenda floral ante el monolito erigido, a la falda de la carretera nacional de Gergal, en el lugar donde aparecieron hace 40 años el almeriense Juan Mañas, el salmantino Luis Montero y el santanderino Luis Cobo cuando vinieron desde el norte, donde trabajaban, a la comunión del hermano pequeño de los Mañas.
El afán protagonista de los mandos de la Guardia Civil, que se autoveÃan como héroes nacionales por detener a tres etarras, le llevaron a ignorar los datos y evidencias y a empeñarse en culpabilizar de estos tres trabajadores inocentes. Ocultándoles a la familia de Juan que estaban detenidos e impidiendo que pudieran ser visitados, los sometieron a palizas y torturas, hasta la muerte de uno de ellos y rematar de disparo a los otros dos.
Terminando, con la intención de ocultar datos y montar una coartada exculpatoria, simulando un traslado de presos, un intento de huida y el calcinamiento del vehÃculo y de los presos por fuego.
La cooperación institucional fue completa, difundiendo erróneos o confusos comunicados desinformando a la población o actuando contra quienes denunciaban los hechos que estaban ocurriendo como las censuras a comunicados, la prohibición de hojas informativas, las tachaduras u emborronamientos casi al instante (para lo que tenÃan una extensa red de control) de las pintadas que sobre este tema se realizaban “Caso AlmerÃa, asesinato”. Cooperación institucional que posteriormente se verifico desde el aparato judicial, en el que se absorbió a ocho de los escasos once guardias a los que se redujo la acusación y el juicio.
Solo tres culpables y solo condenados por homicidio, que no de asesinato, permitió que el jefe de la operación, el Teniente Coronel Carlos Castillo Quero, cumpliera solo 11 años de prisión (dos de ellos en régimen abierto), el teniente Manuel Gómez Torres, 7 y el guardia Manuel Fernández Llamas, menos de 5.
Prisión que cumplieron en dependencias militares acondicionadas como verdaderas mansiones de lujo, en las que, al parecer, se incluÃa la piscina, tal como desveló alguna prensa de la época, mientras, al ser expulsados del cuerpo, percibÃan aportaciones económicas de diferentes organismos estatales, entre los que se incluÃan de los fondos reservados de la Dirección General de la Guardia Civil, como compensación “a los servicios prestados al Estado”.
Por su parte, la familia, a la que la sentencia obligaba a una indemnización, el equivalente a lo que hoy serÃa 24.000€, lleva pidiendo la declaración de vÃctimas del terrorismo sin todavÃa haberlo conseguido. Petición que diferentes partidos, y que nuestro colectivo apoya, van a presentar al Parlamento Andaluz para que sea remitido a nivel nacional e inste al Gobierno español a que lo reconozca.
ANSR-AA-AlmerÃa declaramos que desde AndalucÃa debemos exigir que se haga justicia sobre este tipo de hechos y en especial si están ejecutados en nuestra tierra y con paisanos nuestros como vÃctimas, como el caso de Javier Verdejo, cuyo asesino fue totalmente protegido y encubierto, o el de Juan Mañas y sus amigos, en el que la suave sentencia contra sus asesinos se realizó para taparle la boca a la familia y al pueblo.
Asà mismo mostramos nuestro apoyo a que las vÃctimas del caso AlmerÃa sean declaradas vÃctimas del terrorismo.
¡CASO ALMERIA: ASESINATO!
Comunicado apoyo familiares Caso AlmerÃa. ANSR-AA
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