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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, ha denunciado que el sistema para cubrir vacantes en la Administración de Justicia a través de ofertas genéricas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) no ofrece la respuesta que necesita el sector. El actual procedimiento plantea requisitos menos exigentes de los que se pedÃan anteriormente, lo que hace que los candidatos propuestos por el SAE conciten el rechazo de los sindicatos por falta de aptitud en la mayorÃa de los casos o que, tras ser contratados pese a todo, provoquen problemas en el dÃa a dÃa de los juzgados al no ser los idóneos para ocupar la plaza en cuestión.
En sendos escritos dirigidos a la Dirección General de la Oficina Judicial y Fiscal y al secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de AndalucÃa (TSJA), CSIF ha lamentado la extinción del convenio de colaboración firmado en 2008 entre las consejerÃas de Empleo y Justicia, que permitÃa cubrir esas plazas “con las personas idóneas y más cualificadas a través de mecanismos rápidos y eficaces”, y les ha pedido que trasladen esta problemática a la Comisión Mixta formada entre la ConsejerÃa de Justicia y el propio TSJA para que desde allà “se impulse y proponga a la ConsejerÃa de Empleo un nuevo convenio que vuelva a establecer un tratamiento singularizado y ágil de las ofertas del SAE”.
El Sector de Administración de Justicia del sindicato, ha recordado que el convenio paliaba las carencias que sufrÃan los órganos judiciales cuando habÃa una baja, una licencia o una vacante y no se podÃa recurrir ya a las bolsas de trabajo. “No era la panacea para las necesidades coyunturales de personal que hay a diario en la Justicia, pero sà era una alternativa a las bolsas y permitÃa contratar a los demandantes más idóneos respetando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”, reconocen.
La Junta no prorrogó el convenio a finales de 2020 y decidió que la selección se regirÃa por las instrucciones 1/2021 y 2/2021 de la Dirección General de Intermediación y Orientación Laboral del SAE, pero el nuevo proceso, según CSIF, es “laxo” porque se piden requisitos “que no se ajustan a una Administración tan singular como la de Justicia”. “Básicamente, tener la titulación del Cuerpo en el que se realiza la oferta y al menos veinte horas de cualquier curso jurÃdico relacionado con la tramitación de procedimientos judiciales”, exponen.
Según la central sindical, deberÃan tener preferencia los candidatos que, además de la titulación, tengan experiencia profesional en Justicia o hayan superado algún ejercicio de los procesos selectivos del Cuerpo en el que se realiza la oferta SAE, pero “nada de eso es un requisito básico ahora mismo”. “Estos puntos han quedado relegados a una forma residual de acreditación de formación, como un curso cualquiera. Un demandante de empleo, por el simple hecho de tener un curso de Derecho constitucional sin relación alguna con la Administración de Justicia, puede aspirar al puesto en igualdad de condiciones e incluso con preferencia sobre una persona con experiencia y/o que haya superado algún ejercicio del proceso selectivo correspondiente”, lamentan.
La consecuencia es que en las comisiones de nombramiento, formadas al 50% por la Junta y los sindicatos, estos “no consideran apto ninguno de los currÃculos remitidos por el SAE”, lo que a su vez “provoca retrasos en los nombramientos o problemas en los órganos judiciales debido a la falta de idoneidad del candidato seleccionado por la Administración”, según CSIF-A, que defiende que las ofertas SAE “no deben ser discriminatorias” pero al mismo tiempo “tienen que pedir requisitos directamente relacionados con el desempeño del puesto”.
El sindicato ha manifestado “una vez más” que los procesos de selección a través del SAE “resultan altamente ineficaces y generan frustración entre los candidatos seleccionados, por la imposibilidad de desarrollar las funciones que se les asignan, y también entre los empleados públicos, por la sobrecarga de trabajo que se perpetúa debido a la falta de cobertura”. También recuerdan que el problema “repercute sobre todo en los andaluces, que merecen una Administración de calidad”, e insisten en que “es necesario un cambio en estos procesos y es necesario ya”.
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