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Se cumplen 10 años desde que la Junta de Andalucía aprobó en diciembre de 2014 el Plan de la Fresa en Doñana y hemos examinado el cumplimiento de las medidas ejecutadas en este periodo.
A diciembre de 2024, de las 62 medidas a corto (5 años) y medio plazo (10 años), solo se han cumplido un 23 % de ellas, un 54 % están solo parcialmente ejecutadas y el 23 % siguen paralizadas.
Los últimos datos publicados por la Estación Biológica de Doñana (EBD) alertan como el deterioro de este humedal único en el mundo está gravemente impactando en el declive de las aves migratorias de toda Europa. Pese a ello, el grueso de las actuaciones para evitar y revertir la sobreexplotación del acuífero de Doñana siguen estancadas.
Hay un grave retraso en la implementación de medidas prioritarias como la eliminación de regadíos ilegales fuera de suelos agrícolas regables, la restauración de fincas forestales transformadas ilegalmente en agricultura, la implementación de corredores ecológicos o la clausura de captaciones subterráneas no regularizadas.
Esto se debe fundamentalmente a la falta de voluntad política y a los continuos intentos por parte de la Junta de Andalucía de amnistiar a los regadíos ilegales, a través de las propuestas de modificación de ley tramitadas en el Parlamento de Andalucía.
La Junta de Andalucía no está haciendo los deberes. El Plan de la Fresa termina el año 2029 y sin embargo, ahora mismo siguen sin estar ejecutadas el 77 % de las medidas de corto y medio plazo. Este retraso puede empeorar además, dado que a partir del 2025, el Plan contempla un nuevo paquete de medidas para el último periodo.
Si bien los análisis de teledetección por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Junta de Andalucía han mejorado y permiten conocer la superficie en tiempo real regada fuera de suelos agrícolas regables, y, por lo tanto, sin autorización para el riego, aún se siguen regando 1.190 hectáreas de regadíos fuera de suelos agrícolas regables, según nuestro último análisis.
Doñana, sigue en alerta roja por la sobreexplotación del acuífero
Cuatro años después de declarar las masas de agua subterráneas de La Rocina, Almonte y Marismas en riesgo de no alcanzar el buen estado. De hecho, nuestro último informe calculó que actualmente se extrae de manera insostenible más agua subterránea de la que se recarga en el acuífero, con un índice de explotación del acuífero del 109 %.
A fecha actual, ni se ha eliminado toda la superficie ilegal ni se ha conseguido bajar la superficie de suelos con derechos de riego (suelos agrícolas regables), pese a que el Gobierno adquirió la finca Mimbrales con 922 hectáreas de riego para disminuir la presión. En estos 10 años, en lugar de descender la cifra de suelos agrícolas regables por acciones como la compra de la citada finca, la cifra se mantiene prácticamente similar a la existente en 2014 debido principalmente al incremento de superficie de suelos agrícola regable en el Tinto Odiel Piedras. Por otro lado, no se ha recuperado y restaurado el total de las zonas forestales ocupadas sin autorización, existiendo todavía 316 hectáreas de cultivos bajo plásticos en zonas forestales de especial protección de los recursos naturales (zona A).
Respecto al cierre de pozos ilegales, a pesar del importante esfuerzo por parte de la guardería fluvial de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, agentes ambientales en el Tinto Odiel Piedras, Fiscalía de Medio Ambiente y SEPRONA, la tramitación de los expedientes tarda muchos años en concluirse, con el riesgo de que caduquen los expedientes. No obstante, como hemos podido observar, la clausura de las captaciones tiene efectos poco eficaces ya que la superficie agrícola ilegal apenas desciende.
WWF
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