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Desde Izquierda Unida llevaremos al próximo Pleno del Ayuntamiento de AlmerÃa, a través del Grupo Municipal Podemos-IU-Verdes, del que formamos parte, la situación del alumnado con necesidades educativas especiales.
Enrique RuÃz, coordinador local de IU AlmerÃa, ha expresado su preocupación ante la «falta de medios materiales y humanos» con los que cuenta el sistema educativo andaluz para garantizar una educación de calidad al alumnado con necesidades educativas especiales. En los últimos años, según datos de los sindicatos, el alumnado con necesidades educativas especiales ha aumentado un 103% en educación infantil y un 35% en secundaria, mientras que el profesorado especializado solo ha crecido un 17%. «A pesar de que la Junta de AndalucÃa presume de invertir más fondos para la atención a la diversidad, lo cierto es que, al no acompasar el incremento a las necesidades reales, esa atención vive un empeoramiento progresivo» ha apuntado el coordinador de IU.
«Es necesario asegurar una educación de calidad para el alumnado con necesidades educativas especiales. Por ello, queremos que desde el Ayuntamiento de AlmerÃa se inste a la Junta de AndalucÃa a establecer una normativa que asegure los medios necesarios para llevar a cabo una educación en igualdad para todo el alumnado, estableciendo unas ratios que garanticen la atención a la diversidad en la educación pública y frenando el proceso de privatización que se ha venido dando de parte del personal especializado.» ha concluido Enrique RuÃz.
Texto de la moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En AndalucÃa, durante los últimos años, según los datos de los sindicatos, mientras el alumnado con necesidades educativas especiales ha aumentado un 103% en educación infantil y un 35% en secundaria, el profesorado especializado en atención a la diversidad (maestros de educación especial, pedagogÃa terapéutica y audición y lenguaje), asà como orientadores y docentes de apoyo y refuerzo solo se han incrementado un 17%. Un aumento totalmente insuficiente que por sà mismo señala que, hoy por hoy, no se está atendiendo a este alumnado como marca la ley, el Estatuto de AutonomÃa y la Constitución Española a miles de niñas y niños.
La gestión del gobierno de Moreno Bonilla no ha hecho sino agravar esta situación. Su polÃtica de no dotar de los medios suficientes al sector público y el desprecio a la labor de las y los empleados públicos, mientras se potencia el modelo privado y concertado, repercute en la continua degradación de la calidad de la educación pública andaluza. Podemos ver esto en sus diferentes actuaciones.
Primero, porque mantiene a gran cantidad de los profesionales educativos con contratos precarios, sin incorporarlos como el personal docente que son a la estructura de la plantilla de la ConsejerÃa, contratándolos por curso escolar a buena parte de ellos y, lo que es peor, manteniendo subcontratado el servicio en muchos centros a través de empresas que mantienen unas condiciones laborales y salariales muy por debajo de las del personal de la plantilla pública, incumpliendo el principio básico de: a igual trabajo, igual salario.
A esas malas condiciones suma el hecho de que los profesores de apoyo son los primeros en la lista para cubrir bajas del personal docente en la estructura de plantilla de los centros, sin tomar en cuenta las necesidades del alumnado más vulnerable, quitándole unas horas de atención que ya de por sà son escasas. Estas situaciones deben ser solventadas sin tocar el apoyo educativo.
Segundo, porque mantiene un sistema de matriculación en el que lejos de apostar por la integración del alumnado con necesidades especiales en el conjunto de centros educativos sostenidos con dinero público, permite que los centros concertados «rechacen» la matriculación de estos niños y niñas, generando de esta manera una mayor presión a los centros educativos públicos, en los que se acumulan las matriculaciones.
Tercero, porque lejos de aprovechar el descenso de la natalidad como una oportunidad para reducir las ratios, lo está utilizando como excusa para cerrar miles de lÃneas educativas en AndalucÃa. Los cursos escolares comienzan al lÃmite del incumplimiento legal de niñas y niños por aula, incluso superando este, al utilizar el 10% de incremento por matrÃculas sobrevenidas antes del inicio de curso. En muchos casos directamente se incumple la ratio por falta de profesorado contratado.
Reducir las ratios del alumnado por aula, que podrÃa haberse hecho manteniendo el mismo número de lÃneas y por extensión del profesorado, favorece el aprendizaje y la participación activa de los estudiantes. Permite al profesorado conocer mejor a cada uno, sus necesidades individuales y fomentar la interacción enriquecedora en el estudiantado, lo que redundarÃa directamente en una mejor atención general tanto para el conjunto del alumnado como para el que tiene necesidades especiales.
Y cuarto, porque, fruto de no incrementar los recursos al mismo ritmo que aumentan las necesidades, existen actuaciones que, con el curso ya iniciado y las asignaciones de personal ya establecidas, la ConsejerÃa ha decidido redistribuir el personal, recortando horas en distintos centros educativos para poder (mal)llegar a otros.
Desde el inicio de curso, la ConsejerÃa era consciente de que muchos colegios no contaban con los recursos necesarios y esperaba solucionar este problema con el programa PROA+ «Transfórmate», procedente de los fondos europeos. Un plan que no está siendo suficiente. Los recursos y apoyos educativos del alumnado más vulnerable tienen que llegar a todos y salir del presupuesto propio, no depender de programas adicionales y extraordinarios, más cuando en muchos casos los colegios ni siquiera cumplen los requisitos para optar a este programa.
Es necesario acabar con los recortes, estableciendo un marco en el que se fijen unas ratios que aseguren un número de profesionales docentes que garanticen la atención educativa de calidad para todo el alumnado con necesidades educativas especiales.
Por todo ello, el grupo municipal de Podemos-IU-Verdes Con AlmerÃa propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
ACUERDOS
PRIMERO. Instar a la Junta de AndalucÃa a llevar a cabo, de manera coyuntural, un refuerzo de la contratación, incorporando a 9.000 profesores y profesoras de integración social para el curso 2024/2025, de manera que se garantice una educación de calidad para el alumnado con necesidades especÃficas de apoyo educativo (NEAE), incluidos los de necesidades educativas especiales (NEE).
SEGUNDO. Instar a la Junta de AndalucÃa a establecer una normativa, para su desarrollo a partir del próximo curso, a través de la cual establezca una ratio de, como mÃnimo, un profesor de PedagogÃa Terapéutica (PT) y de Audición y Lenguaje (AL) por cada 12 alumnos que precisen alguna necesidad educativa especÃfica y que no sobrepase la ratio de 1/8 alumnos con NEE, sin que dicho profesor pueda compartir centro educativo; y a partir de la cual se incorporen apoyos especÃficos para casos graves que requieran una atención individualizada. Asà mismo, se deberÃa establecer:
⦁ Una ratio máxima de un profesional técnico de integración social (PTIS) para cada aula especÃfica.
⦁ Una ratio máxima de dos alumnos por cada PTIS para el alumnado con dictamen de escolarización B, escolarizados en aula ordinaria.
⦁ Una ratio de 250 alumnos por cada orientador, eliminando el sistema de rotación en los CEIPS y dotando a cada colegio de infantil y primaria de un orientador.
⦁ Dotar de una plantilla estructural a todos los equipos de orientación educativa: psicologÃa, pedagogÃa, medicina, fisioterapeuta y enfermerÃa escolar.
TERCERO. Instar a la Junta de AndalucÃa a establecer una normativa, para su desarrollo a partir del próximo curso, a través de la cual se establezca que el alumnado NEAE y NEE cuenten, como mÃnimo, el doble a efectos de ratio en el aula. Incrementándose este coeficiente en función de la gravedad del caso.
CUARTO. Instar a la Junta de AndalucÃa a acabar con las privatizaciones en el servicio de Personal Técnico de Integración Social (PTIS), PedagogÃa Terapéutica (PT) y de Audición y Lenguaje (AL) en AndalucÃa, y por extensión con la precariedad laboral de los profesionales que desempeñan estas funciones.
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