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El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) recordó hoy, Día internacional de Acción por la Salud de la Mujer, que la Junta de Andalucía defiende la autonomía de la mujer sobre su cuerpo y su proyecto de vida, por lo que volvió a instar al Gobierno central a “recapacitar y mantener intactos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres para no retroceder décadas en materia de igualdad y mantener a España en los parámetros marcados por los derechos internacionales”. Así lo manifestó su directora, Soledad Ruiz, quien defendió el derecho a libertad de elección de la maternidad en un día que se conmemora desde hace dos décadas para recordar las elevadas tasas de mortalidad maternas en el mundo, provocadas entre otros factores por los abortos clandestinos e inseguros de los países menos desarrollados y jurídicamente más restrictivos.
Soledad Ruiz incidió en el hecho de que las leyes de aborto más restrictivas no están asociadas con tasas de aborto más bajas, sino al contrario, y que son los países con leyes más flexibles y mayor educación sexual los que consiguen reducir las tasas de aborto. Es por ello, explicó, que la legislación en la mayor parte del mundo occidental contempla la despenalización del aborto, siguiendo la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la OMS, que advierten de que el número de intervenciones es más alto en los países con leyes más restrictivas. En este sentido, Ruiz recordó que la propia UE recomendó desde 2008 despenalizar el aborto y garantizar a las mujeres el ejercicio efectivo de su derecho al aborto seguro, motivo por el que España aprobó en 2010 la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que modificaba la vigente desde 1985, con el fin de adaptarse a las recomendaciones internacionales y garantizar y proteger los derechos de la mujer.
La directora del IAM subrayó que la citada ley, aún vigente, garantiza el derecho fundamental al desarrollo de la sexualidad y de la capacidad de procreación como parte inseparable de la dignidad y la autonomía de la mujer, reconocido así en la IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la mujer celebrada en 1995. En este sentido, Ruiz destacó que la ley dio en España, por primera vez, plena garantía a la salud sexual y reproductiva de la mujer, al contemplar que los poderes públicos desarrollaran políticas sanitarias, educativas y sociales que garantizaran una amplia educación afectivo sexual y reproductiva en los contenidos formales del sistema escolar; un acceso universal a los servicios y programas de salud sexual y reproductiva; acceso a métodos seguros y eficaces de planificación y fecundidad; una educación sanitaria integral y con perspectiva de género y una amplia información sobre enfermedades e infecciones de transmisión sexual y prevención de embarazos no deseados. La ley impulsó además la promoción de las relaciones de igualdad y respeto mutuo entre hombres y mujeres, la adopción de programas educativos para la convivencia y el respeto a las opciones sexuales individuales y la corresponsabilidad en las conductas sexuales.
La ley española, concluyó la directora, supuso “un gran avance en políticas educativas y preventivas para la salud y la autonomía de las mujeres, en sintonía con la legislación internacional”. Pese a ello, y pese a que la propia ONU expresó en mayo del pasado año su preocupación por los efectos que las medidas de austeridad están teniendo en los derechos humanos, incluido el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, “el Gobierno central mantiene su intención de reformar la ley y devolver así a España a una época en la que el aborto no se consideraba un derecho y la mujer solo podía hacerlo bajo tutela médica”, señaló la directora del IAM, quien advirtió de que la reforma de la ley “retrotraería a las mujeres a la clandestinidad y la inseguridad sanitaria y jurídica, y a una situación de desigualdad en la que las mujeres con recursos que querían abortar sin riesgos viajaban a un país con legislación más benévola, mientras que las que carecían de medios económicos suficientes abortaban de manera clandestina a su propio riesgo”.
Asimismo, la directora lamentó que la posible reforma “amenace con realizar un retroceso mayor a la ley del 85, al haberse planteado eliminar de la misma el supuesto de anomalías graves para la vida del feto, que son casos que van mucho más allá de una mera discapacidad”. En este sentido, lamentó que “se tergiversen conceptos como son malformaciones graves y vitalmente inviables para confundirlos y relacionarlos con la defensa de las personas con discapacidad”, una defensa que, añadió, resulta “paradójica en un Gobierno que ha atacado directamente a las personas con discapacidad, con la eliminación de ayudas a la dependencia”.
Con ello, concluyó la directora del IAM, se ha conseguido “abrir un debate moral obsoleto sobre el derecho a la vida y la desprotección del nasciturus, sólo respaldado por los grupos sociales y las personas que buscan la prohibición total del aborto y de la anticoncepción en España”.
Frente a ello, recordó Ruiz, la Junta de Andalucía ha asumido los compromisos adquiridos con la ciudadanía en el Pacto Andaluz por la Igualdad de Género, en el que, dentro de la línea estratégica de salud y bienestar, el Gobierno andaluz se compromete a exigir al Gobierno central que mantenga intacta la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, y a así como a mantener la aplicación de la Ley de Dependencia.
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