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IAM Jornadas Salud Sexual e interrupción del embarazo
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El centro provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Almería ha celebrado la jornada ‘Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo’, en la que han participado profesionales sanitarios, juristas y representantes de colectivos de mujeres. La sesión tiene como objetivo analizar la legislación que regula la interrupción voluntaria del embarazo en los países de nuestro entorno y las posibles repercusiones de la reforma legal anunciada por el Gobierno.
La apertura de la jornada ha corrido a cargo de la coordinadora provincial del IAM en Almería, Francisca Serrano, quien ha iniciado su intervención realizando una firme condena de la violencia de género, tras el asesinato esta semana de una mujer y su hijo en Málaga.
Serrano ha explicado que el objetivo de la jornada es “informar sobre la trayectoria legal, los aspectos jurídicos, las reivindicaciones históricas de los movimientos femeninos y la repercusión en nuestra sociedad de la reforma propuesta por el gobierno central de la Ley Orgánica de 2/2010 de 3 de marzo de Salud Sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”.
Tras ella ha iniciado su intervención la primera de las ponentes, la vicepresidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), Francisca García. Su ponencia ha abordado la regulación del aborto en nuestro país, comparándola con las distintas normativas de los países europeos de nuestro entorno.
A continuación, se ha iniciado una mesa de redonda centrada en ‘El Derecho a Decidir’, en la que han intervenido la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas de Almería, Aurelia Jiménez, la presidenta de la Asociación de Mujeres en Marcha y miembro de la plataforma ‘Ciudadanía por el derecho al aborto libre y gratuito’, Teresa Novo y la responsable del programa Forma Joven en el IES Murgi de El Ejido, Isabel Indalecio.
En la jornada, abierta a la ciudadanía en general, han participado juristas, profesionales sanitarios, técnicos de los centros municipales de información a la mujer, trabajadores sociales, educadores y miembros de distintos colectivos ciudadanos.
Regulación en España
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el aborto como “la interrupción de la gestación antes de la viabilidad fetal”, que establece en la semana 22 de gestación. En la actualidad, la legislación en la mayor parte de los países occidentales contempla la despenalización del aborto, siguiendo las indicaciones de la Organización de las Naciones Unidas. La OMS alerta en sus recomendaciones de que el número de intervenciones es más elevado en aquellos países con leyes más restrictivas, donde además proliferan los abortos inseguros, por los que cada año mueren en el mundo entre 60.000 y 100.000 mujeres.
En España, la interrupción voluntaria del embarazo está actualmente regulada en la Ley Orgánica de 2/2010 de 3 de marzo de Salud Sexual y Reproductiva, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Esta legislación, que modificó la vigente desde 1985, se adapta a las recomendaciones internacionales y garantiza y protege los derechos de la mujer.
En la norma se establece un plazo de 14 semanas en el que la mujer puede decidir de manera libre e informada. Entre la semana 14 y la 22 se permite la interrupción del embarazo en caso de riesgo grave para la vida o la salud de la embarazada o de graves anomalías fetales. A partir de la semana 22, la ley establece dos supuestos excepcionales: anomalías fetales incompatibles con la vida (diagnosticadas por un médico) o que el feto sufra una enfermedad extremadamente grave o incurable y así lo confirme un comité médico.
La intención del Ejecutivo de Mariano Rajoy de reformar la actual ley, sustentada en la teórica defensa de la maternidad y en la protección del no nacido, haría que nuestro país se convirtiera en el único país que retrocedería hasta fórmulas más restrictivas. Supondría devolver a España a una época en la que el aborto no se consideraba un derecho de la mujer, retrotrayéndonos a la clandestinidad y la inseguridad jurídica y sanitaria.
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