La Junta estudia interponer recurso de casación contra la última sentencia del TSJA sobre el hotel de El Algarrobico

Medio Ambiente respeta la decisión del Tribunal Superior pero considera que “lesiona el principio de seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva”

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio estudia la interposición de recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en la que ha dictaminado que el suelo sobre el que se asienta el hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), es urbanizable.

Medio Ambiente aclara que respeta la decisión del Tribunal Superior a este respecto, pero “no la comparte”, de ahí el análisis que se está realizando por los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía con el objetivo puesto en las posibilidades de recurrir la decisión.

En este sentido, desde esta Consejería no se entiende “la desprotección que esta resolución judicial va a provocar en el paraje del Algarrobico”, una protección que ya se blindó en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Cabo de Gata del 2008 y que incluso fue elevada, porque la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA así lo dispuso en la sentencia de 11 de junio de 2012. En esta sentencia se resolvía el recurso de la organización ecologista Greenpeace contra la aprobación del PORN correspondiente a 2008.

Fruto de esta última sentencia de 2012 se dictó una resolución para cumplir con la misma, otorgando protección C1 conforme al PORN de 1994, "zonificando el espacio en cuestión como área natural de interés general” donde no son compatibles los usos hoteleros. De acuerdo con esta decisión, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, no entiende “que ahora, contradictoriamente, la misma sala nos obligue a desproteger dicha área donde se ubica el hotel, configurándola como mera zona urbanizable”.

Con esta argumentación, la Junta entiende que la última sentencia del TSJA dada a conocer hoy “lesiona el principio de seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva”, dos aspectos recogidos en la Constitución española.

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