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El PSOE de Almería ha mostrado su oposición rotunda a que el Gobierno de Rajoy “regale” el Registro Civil a los registradores de la propiedad y que, de esta manera, los ciudadanos tengan que pagar por servicios gratuitos, por su carácter público hasta el momento, como la inscripción de nacimientos, defunciones o matrimonios.
El Grupo Parlamentario Socialista por Almería en el Congreso de los Diputados y el Senado –formado por Consuelo Rumí, Gracia Fernández y Juan Carlos Pérez Navas- ha trasladado su rechazo al plan del Gobierno del PP durante el transcurso de una reunión con el responsable de Justicia de Comisiones Obreras (CCOO) en Almería, Juan Francisco García Mañas.
En ese sentido, la diputada nacional socialista Consuelo Rumí ha asegurado que los socialistas “apoyamos todas las manifestaciones y concentraciones que se realizan –por parte de los trabajadores del sector- en defensa de este servicio público, que es esencial ya que todos tenemos que pasar por el mismo en algún momento de nuestras vidas”, al tiempo que se ha comprometido a “ser beligerantes” en el Congreso de los Diputados y el Senado para tratar de evitar que esa privatización tenga lugar.
“No estamos dispuestos a que para una inscripción de nacimiento, para una inscripción de defunción o de matrimonio o para un cambio de apellido no tengamos que acudir a un Registro Civil sino a un registrador de la propiedad, que es lo que pretenden Gallardón y el Gobierno de Rajoy”, ha sentenciado Rumí antes de reprochar tanto al ministro de Justicia como al presidente del Gobierno que estén “muy familiarizados” con el colectivo de los registradores.
Los registradores de la propiedad, ha explicado la diputada nacional por el PSOE, “ejercen un servicio público pero con interés privado”, lo que supone que si se terminan por hacer cargo de este servicio “habrá que pagar” por parte de la ciudadanía de manera directa por el mismo. “Habrá que pagar entre 40 y 60 euros, lo que se acuerde –entre el Gobierno y los registradores-”, ha estimado la representante socialista, aunque “ya pagamos nuestros impuestos y tenemos derecho a recibir ese servicio por parte de empleados públicos”.
En ese sentido, desde el PSOE se ha recordado que los registradores de la propiedad no son empleados públicos y que, por lo tanto, “no tendrían tampoco la obligación de cumplir con la Ley de Protección de Datos” a pesar de la importancia de la información que estarían manejando.
Con todos esos argumentos, Rumí ha considerado probado que este proyecto del Partido Popular “vulnera unos derechos que tenemos adquiridos” y ha resaltado la necesidad de que “todo el mundo conozca esta nueva agresión”. Además de con el posicionamiento en contra en las Cortes a este planteamiento, la diputada nacional ha señalado que colaborarán con CCOO en la presentación de mociones en los diferentes ayuntamientos de la provincia almeriense para reivindicar el papel del Registro Civil y exigir “que los ciudadanos de cada pueblo puedan seguir inscribiendo a sus hijos cuando nacen en el Ayuntamiento al que pertenecen” y no tengan ni que pagar por ello ni desplazarse hasta oficinas de registradores de la propiedad alejadas de sus localidades.
Finalmente, el PSOE ha subrayado que el Ejecutivo Nacional tiene en la actualidad “aparcado el tema” -aunque “no se ha olvidado” del mismo- debido a que “no han llegado todavía a un acuerdo sobre la cantidad a pagar por el servicio con los registradores” y a que “ha habido contestación social y saben que va a ser un proyecto rechazado por la ciudadanía”.
Por su parte, García Mañas ha puesto el acento en la posible pérdida de 3.000 empleos relacionados con los registros civiles del país si pasan a manos de los registradores, 60 de ellos en Almería, de llevarse a cabo la privatización que se está planteando y en que esa decisión, además de “innecesaria”, supone el alejamiento de un servicio básico de la ciudadanía ya que conllevaría el cierre de que cada uno de los registros civiles que existen en cada municipio de España.
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