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El Partido Andalucista ha querido mostrar su incondicional apoyo al colectivo de abogados y abogadas andaluces adscritos al turno de oficio, así como a las agrupaciones de abogados jóvenes andaluces en la campaña divulgativa que han iniciado con motivo de la aprobación por el Consejo de Ministros y tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, proyecto que impedirá que el servicio público de asistencia jurídica gratuita funcione de forma eficiente y sea accesible para los ciudadanos que lo soliciten.
En este sentido, el Secretario Provincial del Partido Andalucistas, Juan Martínez, ha querido mostrar su total apoyo a todo el colectivo profesional. Bajo el lema “La Justicia es tu turno, defiéndelo” han empezado una campaña divulgativa a nivel andaluz sobre este proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y su adhesión al documento que los abogados y abogadas adscritos y adscritas a este turno presentarán, con 79 enmiendas a dicha reforma, que de salir adelante tal cual, impedirá que el servicio público de asistencia jurídica gratuita funcione de forma eficiente y sea accesible para los ciudadanos que lo requieran.
El líder andalucista ha manifestado al respecto que "la realidad que vamos a vivir si esta ley entra en vigor es que habrá menos personas que ahora con derecho a acceder a la justicia gratuita, que a esas personas se les puede asignar un letrado de cualquier otra ciudad y no la suya, y se les considerará unos abusadores si solicitan los servicios judiciales más de tres veces al año".
Además, Juan Martínez ha añadido que "se eliminará la gratuidad de diversas prestaciones de la justicia, y ya no se garantizará un financiación pública suficiente para sostener la justicia gratuita. Los abogados de oficio serán tratados como de segunda, al no actualizarse los baremos de retribución del servicio, y además será un proceso más burocratizado y , por tanto, más caro".
Otro asunto que no ha gustado a los letrados y letradas es que se prevea la revisión periódica de la concesión del beneficio como mínimo cada cuatro años, al imponer a los Colegios funciones de archivo y custodia y, a los abogados, obligaciones informativas y de traslado de resoluciones.
Para los andalucistas tales enmiendas propuestas al proyecto de Ley han de ser atendidas sin discusión, primero por venir formuladas por los que poseen un conocimiento más directo y real de los problemas que se suscitan en este servicio público, y en todo caso, porque de lo contrario se estaría vulnerando otra vez, tras la implantación de las tasas judiciales, el derecho constitucionalmente reconocido de una justicia gratuita para todos los ciudadanos.
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