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UPyD Almería exige responsabilidades al más alto nivel por el nuevo golpe a las arcas municipales que ha supuesto el auto emitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Almería que obliga al Ayuntamiento a ejecutar la sentencia que le condenó el pasado año a pagar en torno a siete millones de euros a la ex concesionaria de los servicios mortuorios, Ceal.
Incompetencia que genera pérdidas millonarias
Laura Rodríguez-Carretero, portavoz de la formación magenta en Almería, se manifiesta “exasperada” ante los casos de negligencia en la gestión pública que finalmente revierten en un perjuicio económico para los ciudadanos. “Es indignante que la desidia del Ayuntamiento a la hora de realizar los trámites adecuados cuando la entonces concesionaria comunicó su intención de abandonar el servicio haya sido crucial para que ahora se tengan que pagar 7 millones de euros. Hasta en dos ocasiones dejaron de contestar las alegaciones interpuestas por la concesionaria. Y mientras, la calidad de los servicios municipales se degrada por los continuos recortes presupuestarios al tiempo que tasas e impuestos suben sin piedad”.
Llueve sobre mojado
UPyD, que ya se ha mostrado muy crítica con la gestión municipal en otros asuntos que han supuesto o pueden suponer una pérdida patrimonial al Ayuntamiento, como el Mesón Gitano o la Ciudad Digital, exige una “depuración exhaustiva de responsabilidades” más allá de escudarse en la “herencia recibida, que es una excusa que ya está bastante caducada”, manifestó Rodríguez-Carretero.
El sistema de concesiones
UPyD ha criticado el sistema que se ha institucionalizado en la capital de asignar concesiones de servicios públicos por periodos de tiempo excesivamente largos y cuantías millonarias. En su opinión los distintos equipos de gobierno han seguido el mismo esquema: privatizar servicios públicos y ofertarlos en procesos de licitación sin las suficientes cláusulas de garantía del servicio ni un eficiente control de la gestión del mismo. Para esta formación existen múltiples ejemplos de que este sistema, por lo visto en Almería, se traduce en servicios mal gestionados, el cambio de concesionarias, la vía judicial y, finalmente, el pago de multas e indemnizaciones que se detraen de los impuestos cobrados a los almerienses. Hasta el momento, según denuncia esta formación, la cifra ascendería a más de 60 millones sumando las reclamaciones judiciales del empresario Rifá por el edificio de la Policía Local, la Ciudad Digital de Telvent, el campo de golf de El Toyo y la empresa adjudicataria de jardines. “El principal problema es que estas negligencias nunca conllevan responsabilidades civiles ni penales para quien las comete. Al final nunca pasa nada pero los consecuencias se pagan con el dinero recaudado a los almerienses” concluyó la portavoz de la formación magenta.
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