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El Partido Andalucista “reprocha a la Consejería de Cultura, Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, y en concreto a su Consejero, D. Luciano Alonso, el coste económico que sus errores con los monitores/as administrativos van a ocasionar a dicha Consejería, en perjuicio de las inversiones que la misma tendría que realizar en beneficio de los docentes andaluces”.
Ante la polémica surgida entre los monitores y monitoras administrativos readmitidos tras sentencia judicial condenatoria a la Junta de Andalucía y declarativa de la improcedencia de sus despidos, y los que posteriormente fueron contratados para ocupar sus puestos, la Candidata a las Elecciones Europeas por Almería, Carmen Mari González, ha puesto de manifiesto que ese es precisamente el resultado que perseguía la Junta de Andalucía: “enfrentar a unos y otros, en lugar de reconocer que se equivocaron con los despidos y con la contratación de otros trabajadores en sus puestos, sin esperar a tener sentencias firmes sobre su precedencia”.
Ahora, dice Carmen Mari González, “el coste económico se multiplica y lo deberemos sufragar todos los andaluces, en especial los docentes, que verán reducidas las inversiones que deberían ir destinadas a su formación académica, en idéntica proporción al coste de los salarios de tramitación que habrán de pagarse a los readmitidos, más las cotizaciones a la Seguridad Social de más de seis meses, sumadas al coste de las extinciones anticipadas de los contratos de los contratados con posterioridad para sustituir a los primeros”.
Dice la candidata andalucista, “que hubiera sido mucho más fácil, menos costoso y más legal si, cuando la Junta se vio apercibida por la Inspección de Trabajo de tener contratados 840 trabajadores como monitores/as en fraude de ley, hubiera procedido a reconocer su error y reconvertir sus contratos en lo que ya eran, trabajadores indefinidos” y continua exigiendo a la Junta de Andalucía que “actúe siempre con la suficiente eficiencia, no sólo ahorrando costes a la Consejería de Educación, sino también evitando procesos judiciales innecesarios que sólo han provocado un mayor colapso en los Juzgados de lo Social, perjudicando al resto de ciudadanos en espera de resolución de sus causas”.
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