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Juan Carlos Pérez Navas, acompañado por Gracia Fernández y Consuelo Rumí
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El Grupo Parlamentario Socialista está tratando de frenar con numerosas iniciativas en el Congreso de los Diputados y en el Senado “los efectos devastadores del ciclón del PP a su paso por la justicia”, además de reivindicar medidas concretas para mejorar y atender las demandas del sistema en la provincia de Almería.
En rueda de prensa, el senador y secretario de Organización del PSOE de Almería, Juan Carlos Pérez Navas –que ha estado acompañado por las diputadas nacionales Gracia Fernández y Consuelo Rumí- ha considerado que el Gobierno de Rajoy promueve “contrarreformas” en todos los ámbitos, incluido el de la justicia, que están teniendo efectos muy negativos para los almerienses.
En ese último apartado en concreto, ha asegurado que por parte del PP se está avanzando hacia “una justicia para ricos y otra para los que menos tienen” con medidas como la imposición de tasas judiciales, la centralización de los juzgados, la privatización de servicios como el del registro civil o la falta de soluciones al colapso actual de los juzgados.
Frente a esa manera de actuar, Fernández ha puesto de relieve la cantidad de propuestas que los socialistas llevan al Congreso de los Diputados para tratar de combatir las decisiones populares que están llevando al desmantelamiento del sistema judicial.
En esa línea, ha resaltado que la labor realizada por los socialistas a través de proposiciones no de ley llevadas hasta la Cámara Baja ha contribuido a que se haya concedido un refuerzo en el número de jueces destinados a la provincia y a que, además, el Gobierno se vea obligado a adaptar los procedimientos administrativos para que los extranjeros con discapacidad puedan acceder a la nacionalidad en igualdad de condiciones que aquellos que no la tienen, evitando la discriminación que estaban sufriendo y que trascendió públicamente a través del caso de un residente en Almería.
A pesar de esos logros, la diputada nacional ha lamentado que el Gobierno del PP no quiera dar marcha atrás en otros asuntos trascendentales como la eliminación de 48 juzgados de paz el próximo mes de julio –que no harán más que alejar la justicia de los ciudadanos-, o en su propuesta de modificación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial. En este tema, Fernández ha criticado también “el oscurantismo” del PP, “que elude responder” las preguntas realizadas por los socialistas almerienses sobre los partidos judiciales que desaparecerían junto con la Audiencia Provincial.
Asimismo, el PSOE de Almería ha recriminado al PP que tampoco se pueda esperar de su Gobierno que acepte la iniciativa que le han planteado para que en los juzgados de El Ejido y de Roquetas de Mar se eleve la categoría de los jueces a magistrados y que, de este modo, se favorezca la estabilidad de su plantilla, trabajando con mayor eficacia en la acumulación de asuntos civiles y en los complejos asuntos penales que tramitan.
De hecho, ha dado a conocer Fernández, la intención del Ejecutivo de Rajoy es hacer desaparecer las categorías de la carrera judicial, actualmente dividida en jueces y magistrados, “para igualar a todos a la baja y dejarlos a todos exclusivamente como jueces”.
Justicia universal y registro civil
Por otro lado, desde el PSOE también están reclamando al PP que dé marcha atrás en su reforma de la justicia universal, que ya ha permitido dejar en libertad a autores de graves delitos, entre los que se encuentran narcotraficantes detenidos en aguas de Almería o cercanas. “Esta reforma manda un mensaje de impunidad inasumible y es un grave daño para la imagen de España como adalid de la defensa de los derechos humanos”, ha sentenciado la representante del PSOE almeriense en el Congreso de los Diputados.
Por último, Fernández también se ha referido “a la privatización” que pretende realizar el Partido Popular de un servicio público como es el Registro Civil. Los socialistas están exigiendo que se “clarifique de inmediato” la intención del Gobierno, que pretende traspasar la tarea de los registros a los registradores de la propiedad. Esa concesión, ha vuelto a poner sobre la mesa, provocaría que se cobrara por el servicio y que se dejara en manos de los registradores “los datos más íntimos de nuestras vidas”.
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