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Maite Mola y Rosalía Martín
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La coordinadora provincial de Izquierda Unida en Almería, Rosalía Martín, y la vicepresidenta del Partido de la Izquierda Europea, Maite Mola, han presentado las propuestas del programa electoral de esta formación en defensa de los servicios públicos “frente a los planes de ajustes impuestos por la Troika para dinamitar el estado del bientestar”.
La privatización de los servicios públicos está siendo un proceso de acumulación por desposesión, (desposeyendo a las personas de la garantía de sus derechos, mermando los servicios públicos) en el que aumenta el mercado del capital en espacios que hasta ahora eran ajenos al negocio privado. IU se ha opuesto a ello firmemente desde la propia Directiva Bolkestein (directiva de liberalización de servicios) que dio soporte a este proceso de privatizaciones. “Defendemos la universalidad de derechos como sanidad, educación, justicia o vivienda y que se gestionen como servicios públicos”, ha recalcado Martín.
Así se está haciendo en Andalucía y Martín destacó el decreto Ley aprobado para blindar a los ayuntamientos y los servicios que prestan, para proteger 40.000 puestos de trabajo en Andalucía,y seguir prestando servicios como los servicios sociales, educación, sanidad o consumo.
Por su parte, Mola, ha destacado la necesidad de contar con una banca pública europea y “cambiar radicalmente el BCE, dotándole de un funcionamiento democrático, con poder de emitir moneda para financiar la creación de puestos de trabajo digno y servicios públicos e infraestructuras”. La especulación sin ningún control implica quiebras de bancos, y quienes pagan son los ciudadanos que pierden sus depósitos, perdiendo los ahorros de toda una vida, o en el mejor de los casos se les congela en plan corralito. Tenemos casos abundantes en Grecia, Chipre o España. Los bancos son los culpables junto a las multinacionales de la enorme deuda ilegítima, que habrá que auditar, y mientras nosotros pagamos sus deudas (privadas) se nos recortan las pensiones, nos precarizan, etc. Los bancos no pierden ni un euro, es más siguen ganando dinero.
Frente a legislaciones que pretenden hacer de la educación un negocio y además dárselo a las confesiones religiosas, IU defiende una educación pública europea de calidad, gratuita, igualitaria, coeducativa, laica, equitativa, intercultural, inclusiva y democrática. Para ello propone una carta de Derechos Europeos sobre Educación que asegure la educación en condiciones de igualdad en todos los países de la UE, inversión pública en educación (en torno al 7% del PIB europeo, Red única de centros de titularidad y gestión pública en toda la UE. Supresión de financiación pública a la enseñanza privada, período obligatorio de escolarización, permanencia en el sistema hasta los 18 y reducción de la ratio en todos los estados, entre otras cuestiones.
En cuanto a sanidad, la crisis ha empeorado la salud de la población europea y aumentan las necesidades de salud con privatizaciones. Defendemos que la salud es un derecho y debe garantizarse de forma universal, gratuita y pública. Todas las personas que vivan en la UE tiene derecho a una atención integral. Debe garantizarse una gestión pública directa. Proponemos equidad en salud y en el acceso a la atención sanitaria, luchando contra las desigualdades tanto entre los estados miembros como dentro de los mismos. Rechazo de los sistemas de copago o repago, ya que paga más el que más enferma. Cobertura sanitaria universal, global, gratuita y pública. Gasto sanitario público no inferior al 9% del PIB de la UE. Formación de personal sanitario común y homogéneo que evite desigualdades económicas y asistenciales en los diferentes países. Racionalizar de la política farmacéutica. Creación de una industria farmacéutica y de tecnologías sanitarias pública europea. Eliminación de patentes privadas y fomento de medicamentos genéricos y empleo de monodosis. Derecho a la salud sexual y reproductiva de toda la ciudadanía con cobertura pública y derecho a la muerte digna. Apostamos por la derogación de la Directiva 2011/24/UE (relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza) y su sustitución por una legislación que, prohíba pagar prestaciones en centros privados con fondos públicos, evitando que se pueda establecer un mercado sanitario en el ámbito de la UE.
Para IU la protección social es una responsabilidad pública, por lo que los derechos sociales básicos deben estar garantizados en todos los estados miembros como derechos subjetivos y tener como soporte un sistema público de atención. Como base de esa política, se articulará una Carta de Derechos Sociales, como desarrollo de la Carta de Derechos Fundamentales.
En cuanto a vivienda, es un derecho fundamental que debe ser garantizado y protegido por las administraciones públicas. El parque de viviendas públicas debe tener consideración de Servicio Público que no puede venderse ni privatizarse. IU propone la prohibición de que las administraciones públicas desahucien de sus parques de vivienda, establecer una bolsa de viviendas bajo control público, promover la dación en pago, paralización de los desahucios y el alquiler social. Es urgente cambiar el modelo productivo, pasando de la especulación de la construcción a la rehabilitación, que genera 3 veces más puestos de trabajo directos que la construcción de obra nueva. España tiene un porcentaje de inversión en Rehabilitación con respecto a todo el sector de la construcción del 28%, frente a una media europea del 41% y al de Alemania, donde la rehabilitación de vivienda alcanza el 56%.
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