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El Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM), órgano colegiado de participación de las organizaciones de mujeres en las políticas de igualdad de género de la Junta de Andalucía, ha instado al Gobierno central a retirar “de urgencia” el anteproyecto de reforma de la ley del aborto, ya que “vulnera el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su vida”. La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, se ha reunido de urgencia con la comisión permanente del CAPM para informarle del tratamiento de este asunto en la reunión preparatoria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se celebró el pasado viernes, y de su inclusión en el orden del día de la reunión que mantendrán todos los consejeros autonómicos con la ministra de Sanidad el próximo miércoles.
Según ha explicado la consejera, el anteproyecto de reforma, elaborado hasta ahora “desde un punto de vista de penalización a la mujer, se ha querido ahora revestir desde el ámbito sanitario”, y “precisamente desde ese ámbito se desprotegen los derechos de las mujeres”. En este sentido, Sánchez Rubio ha incidido en que la futura ley “no sólo atenta contra el derecho a decidir de la mujer, sino también sobre su salud”, al no garantizar la igualdad en el acceso a los servicios sanitarios y promover el aborto clandestino en las mujeres con escasos recursos.
Junto a ello, la consejera ha recordado que la reforma atenta contra el derecho sanitario a la prevención, al eliminar todo el paquete de medidas para la adecuada educación sexual y reproductiva, contempladas en la aún vigente Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo. Una ley que, según ha recordado, “ha logrado reducir el número de abortos en España”, y ha fomentado una educación integral para la sexualidad y el acceso oportuno y confidencial a la información, asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad. Asimismo, la consejera ha subrayado que la reforma “ataca al sector sanitario” desde el punto de vista de los profesionales, al derivarles la toma de decisiones, “un derecho que corresponde a las mujeres”.
“Se trata de una cortina de humo, una apariencia de cara a la galería”, ha señalado la consejera en alusión al debate sobre la reforma incluido en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del próximo miércoles, que ha sido incluido “con nocturnidad y alevosía en el orden del día sin la unanimidad de las comunidades autónomas”. Sánchez Rubio, que ha adelantado el rechazo que manifestará la comunidad andaluza en el encuentro del miércoles, espera contar con el apoyo de otros consejeros autonómicos.
Para la consejera, la inclusión del debate en el Consejo Interterritorrial de sanidad es “una forma más de vestir, de dar apariencia y respaldo a una reforma que se pretende sacar adelante sí o sí”, con el fin último de “responder a la demanda ideológica de sectores minoritarios ultraconservadores”.
El Consejo ha lamentado también “la clara intención del Ejecutivo central de sacar adelante la reforma de la ley una vez pasadas las elecciones europeas, consciente de la rechazo a la iniciativa”. Según ha destacado el CAPM, “ello demuestra que el Gobierno es plenamente consciente de que trabaja en una reforma innecesaria que no responde a una demanda social ni institucional, y que devuelve a España a una época ya pasada de clandestinidad e inseguridad sanitaria y jurídica”.
El CAPM ha instado de nuevo al Gobierno central a “recapacitar y retirar” el anteproyecto de reforma, ya que la futura normativa, contraria a las recomendaciones y la legislación de los organismos internacionales, genera el “rechazo de la mayoría social y aleja a España de la Europa de los derechos civiles, al impedir que las mujeres decidan sobre su cuerpo y su vida”.
Para el CAPM, se trata de una reforma “que ni siquiera pretende reducir el número de abortos”, ya que, según ha recordado, “los informes de la Organización Mundial de la Salud y de la propia ONU advierten de que el número de abortos no disminuye con prohibiciones, sino con mayor educación sexual y reproductiva”. Según ha recordado el Consejo, “las leyes más restrictivas no suponen una reducción en el número de abortos, sólo legislan contra la capacidad de decidir y fomentan la desigualdad en el acceso a la salud de las mujeres".
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