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Gracia Fernández
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La diputada nacional por el PSOE de Almería, Gracia Fernández, ha logrado el apoyo del PP y del resto de grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados para que la reforma planteada por el Gobierno de Rajoy del Código Penal “deje de criminalizar, que es lo que está haciendo con el texto actual, a las personas con trastornos mentales”.
La proposición no de ley defendida por Fernández en la Comisión de Justicia obliga, en concreto, a que el Ejecutivo de Rajoy prescinda de la utilización del término “peligrosidad” asociado al trastorno mental en la reforma del Código Penal. Además, señala que el internamiento, como medida de seguridad, nunca pueda ser permanentemente prorrogable –como pretende el Ministerio de Ruiz-Gallardón- y exige que las personas con trastorno mental grave puedan acceder tanto a la libertad condicional como a la libertad vigilada en plenas condiciones de igualdad.
La iniciativa socialista ha sido impulsada por Rosa Aguilar, Julio Villarrubia y Laura Seara, además de por la diputada almeriense. Fernández ha afirmado que “es una satisfacción que el Partido Popular dé marcha atrás y vuelva a recuperar el sentido común en este tema ya que, hasta el momento, lo único que está haciendo el Gobierno de Rajoy es criminalizar a las personas con trastorno mental, creando un estigma social sobre ellos que tira por la borda todo el trabajo de sensibilización realizado hasta el momento”.
Con esta iniciativa, el PSOE ha mostrado su apoyo pleno al colectivo de personas con trastorno mental y ha pedido que se tenga un tratamiento justo y adecuado con ellas, sin discriminación de ningún tipo, dentro de la reforma del Código Penal planteada por el Gobierno del PP.
Los socialistas han recordado que entidades como la Asociación Española de Neuropsiquiatría y la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES) se oponen con rotundidad a cualquier vinculación entre trastorno mental y peligrosidad por considerar que “esta idea es prejuiciosa y estigmatizante” y han apelado durante la presentación de su propuesta en el Congreso a la responsabilidad tanto del Gobierno de España como del resto de administraciones para que garanticen al colectivo “un tratamiento integral adecuado -desde el punto de vista social y sanitario-, alejado del régimen penitenciario que pretende la reforma del PP”.
El proyecto de Gallardón, han criticado desde el PSOE, “aplica hoy por hoy a todas las personas con trastorno mental la calificación de peligrosidad cuando, en realidad, los casos en que existe algún peligro se debe a que esas personas no están tratadas adecuadamente por una carencia de medios en la atención sanitaria o social”. Y eso, ha recordado, “supone la vulneración de los derechos recogidos en la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad, de obligado cumplimiento en España”.
1 millón de personas con trastornos
“Las medidas de seguridad planteadas y los centros de internamiento no son las alternativas más propicias para atender a este colectivo”, ha sentenciado Fernández antes de dar a conocer que en España –según datos del propio Sistema Nacional de Salud del año 2006- más de 1 millón de personas tienen un trastorno mental grave y que muchas de ellas no cuentan con un diagnóstico.
“Si la modificación del Código Penal siguiera su curso en los términos en los que está planteada, el Estado se encontraría con cientos de miles de personas expuestas a un Código Penal y a un régimen penitenciario discriminatorio que, además, les privaría de la respuesta social y sanitaria que necesita”, han añadido los socialistas en su proposición no de ley.
Con el voto a favor de todos los grupos para que esto no sea así, incluido el PP, Gracia Fernández ha considerado que “se vuelve a recuperar un punto de partida, el de la plena igualdad de este colectivo, del que no deberíamos de habernos movido como país” y, ha advertido, “para que realmente lo recuperemos, desde el PSOE estaremos muy pendientes de que el PP cumpla con la palabra que ha dado hoy y haga que rectifique el planteamiento inicial en la norma a través de la presentación de las enmiendas oportunas”.
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