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Izquierda Unida de El Ejido ha registrado hoy en el Ayuntamiento una petición de información acerca del número de cambios de titularidad del servicio de suministro de agua así como del tipo de cambio que se ha hecho (doméstico, comercial 1 y comercial 2), y las cantidades recaudadas por este concepto entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2014, según ha informado hoy en rueda de prensa la coordinadora de IULVCA en este municipio, Ángeles Fernández, “porque queremos denunciar la supuesta connivencia del equipo de Gobierno del PP con la empresa concesionaria, Abengoa ElSur, ya que hemos detectado que se podría estar cometiendo una supuesta irregularidad, otra más en la prestación de servicios de esta empresa, ¿por qué este equipo de Gobierno quiere a toda costa salvar la gestión del agua de esta empresa? ¿Qué intereses hay? Podemos pensar que el equipo de Gobierno está siendo rehén de estas privatizaciones”.
Asimismo, el concejal portavoz de IU en El Ejido, Serafín Pedrosa, junto a la concejala Zaida Ruiz, ha explicado cómo “algunos vecinos nos trasladaron una inquietud ante el cobro que se está haciendo en ElSur por el cambio de titularidad del recibo del agua por ejemplo para pensionistas que se pueden beneficiar de las bonificaciones o para hijos que heredan de sus padres, etc. así como para locales y negocios. Para los particulares la empresa está cobrando 52,52 euros, y para negocios 155,17 pese a que ese cobro no está recogido en la ordenanza, como así hemos constatado”.
Izquierda Unida ha preguntado por activa y por pasiva por esa cantidad, “en concepto de qué se cobra, y no han sabido decírnoslo. Es algo que se viene haciendo de forma habitual y aunque haya ambigüedad en la ordenanza, que ni lo permite ni lo prohíbe, lo que sí está claro es que ese cobro no se puede hacer al menos desde el 1 de enero de 2013, cuando entra en vigor el Decreto 327/2012 de 10 de julio de la Junta de Andalucía por el que se modifican diversos decretos para su adaptación a la normativa estatal de transposición de la Directiva de Servicios, entre ellas el Reglamento del suministro de agua en Andalucía.
En su artículo Articulo 62.bis. Cambio de titularidad especifica que “las personas que no se encuentren incursas en causa de suspensión de suministro o con el suministro suspendido y dispongan del derecho de uso de fincas, locales o industrias con contrato en vigor a nombre del anterior titular y sin cambio de uso, podrán solicitar de la Entidad suministradora el cambio de titular en el mismo contrato, (…) La empresa suministradora no percibirá cantidad alguna por los cambios de titularidad, salvo la que se refiere a la actualización de la fianza”.
Pero, según denuncia Izquierda Unida, en El Ejido se está cobrando esa actualización (en la actualidad la fianza es de 145,32 euros) más 52,52 euros a los particulares y 155,15 a negocios y locales “algo que, repetimos, no está regulado en la ordenanza por lo que en el Ayuntamiento de El Ejido se está vulnerando el Principio de Legalidad Tributaria: NULLUM TRIBUTUM SINE LEGE, esto significa que no existirá un Tributo si éste no está consagrado en forma expresa en una Ley. Aquí se está cobrando una tasa sin base legal”, explica Pedrosa.
Lo más grave de esta situación es que “tanto el equipo de Gobierno como la empresa concesionaria del servicio conocen esta situación, y cometer una ilegalidad a sabiendas de que se hace tiene un nombre: prevaricación”. Por ello Izquierda Unida ha pedido información al respecto y exige al PP que acabe con esta práctica y desde el Ayuntamiento se devuelva de oficio el dinero cobrado de forma no legal, sin necesidad de que sean los vecinos los que lo reclamen.
Asimismo, IU iniciará una campaña para informar a la ciudadanía sobre esta situación “y exigimos que se le abra un nuevo expediente a ElSur, uno más, y después de tantas irregularidades exigimos que se rescinda el contrato con esta empresa, por el bien de El Ejido, porque el equipo de Gobierno debe defender a sus ciudadanos, no a la empresa privada”. Asimismo, desde IU “pondremos en conocimiento de la Junta de Andalucía esta práctica y no descartamos llevar esta situación a los tribunales”.
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