El PSOE de Carboneras pide que PP y Gicar asuman el coste del nuevo revés judicial que ha recibido el Ayuntamiento

La Justicia le ha dado la razón a un vecino de Carboneras que demandó al Ayuntamiento por el cierre ilegal de su lavadero de coches

El PSOE de Carboneras ha pedido que sean los concejales de PP y Gicar los que asuman el pago de los costes que tendrá para las arcas públicas el auto emitido recientemente por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Almería, que obliga al Ayuntamiento de Carboneras a indemnizar a un vecino al que le clausuró de manera ilegal su lavadero de coches. El portavoz socialista en el Ayuntamiento, José Luis Amérigo, ha destacado que el gasto por los juicios que está perdiendo el Ayuntamiento como consecuencia de las “decisiones erróneas” del equipo de Gobierno “se acerca ya al millón de euros”, por lo que cree que “ha llegado el momento de que sean los propios concejales que toman esas decisiones los que asuman el coste”.

Para Amérigo, “no es de recibo que, una vez más, vuelvan a ser los vecinos de Carboneras los que paguen con sus impuestos la mala gestión que están haciendo PP y Gicar”. Por este motivo, el portavoz socialista pide a los concejales del equipo de Gobierno que asuman el coste “de su bolsillo”, lo que permitiría, además, “que en lo sucesivo se lo piensen dos veces antes de tomar decisiones que parecen tener como único objetivo perseguir a determinados vecinos o satisfacer los intereses de algunos militantes de PP y Gicar”.

El último “revés judicial” que ha recibido el Ayuntamiento de Carboneras ha sido un auto emitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Almería que insta al Consistorio a cumplir una sentencia, emitida el pasado 19 de febrero, que lo obligaba indemnizar a un vecino de Carboneras, después de que su negocio, un lavadero de coches, fuera clausurado de manera ilegal.

La sentencia prevé el pago de indemnizaciones al afectado, a lo que hay que sumar los honorarios que percibirán los abogados del Ayuntamiento, quienes, por cierto, “son familiares del concejal de Hacienda, Felipe Cayuela”, según han destacado desde el PSOE.

Por otra parte, se da la circunstancia de que la abogada que ha representado al propietario del lavadero, Julia Rubio Rodríguez, también ha representado, junto a Rodrigo Sánchez Haro, a algunos concejales socialistas del anterior equipo de Gobierno en la causa que ha archivado el Juzgado número 3 de Vera, al constatar que el suelo sobre el que se asienta el hotel del Algarrobico es urbanizable y así está calificado en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN).

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