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La provincia de Almería ha alcanzado los 13.625 certificados energéticos registrados a través de la aplicación on line que en junio de 2013, coincidiendo con la entrada en vigor de su obligatoriedad, puso en marcha la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Se trata de una herramienta que facilita y agiliza la realización de ese trámite, de manera que los ciudadanos no tengan que desplazarse hasta la Delegación Territorial para llevarlo a efecto. El volumen de registros tramitados en Andalucía un año después de su puesta en marcha asciende a 104.810, lo que significa que las certificaciones en Almería suponen un 13% del total.
En virtud del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, aprobado por el Gobierno central, deben efectuarse certificaciones energéticas en inmuebles que estén en uso si su propietario desea venderlo o alquilarlo, así como en todos los edificios administrativos donde se ocupe una superficie igual o superior a 250 metros cuadrados y sean frecuentados por el público. Este documento mide cómo es de eficaz un edificio o vivienda en cuanto a consumo energético.
Según explica la delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Adriana Valverde, esta normativa estatal es transposición de una directiva europea que pretende reducir el consumo energético en todos los países miembros. Valverde ha señalado que Andalucía “partía de una mejor posición que otras comunidades para cumplir esta obligación, porque ya contaba con una normativa anterior similar pero sólo para viviendas de nueva construcción o que sufrieran grandes reformas”, como es el decreto autonómico 169/2011, de 31 de mayo, así como por “la apuesta que ha hecho la Junta por el ahorro y la eficiencia energética y por el impulso de las energías renovables en estos últimos años, con una regulación incluso más ambiciosa que la estatal”.
El certificado andaluz no sólo recogía la calificación energética del edificio, sino también el cumplimiento de las exigencias básicas de ahorro energético y energías renovables, así como la validez de los Planes de Gestión de la Energía, que también deben elaborarse de acuerdo con dicha norma.
Con la puesta en marcha del decreto de 2013, esa obligatoriedad también se hace extensiva por parte del Gobierno Central a las edificaciones existentes de todo tipo que se vendan o alquilen, y a una parte de las sedes administrativas.
Para la delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, los certificados constituyen “un diagnóstico de las posibilidades de mejora de la eficiencia energética del parque residencial andaluz y almeriense, lo que supone un ahorro económico para los propietarios de las viviendas y oportunidades de negocio y trabajo para los profesionales técnicos y para el sector de la construcción, como ya se ha demostrado con la buena marcha de Programa de Impulso a la Construcción Sostenible impulsado por la Junta de Andalucía”. Por ejemplo, una vivienda con calificación B gastaría al año en calefacción alrededor de 400 euros, mientras que el consumo de otra calificada con la letra G requeriría no menos de 2.000.
Por lo que respecta a las calificaciones recibidas, casi la mitad de los inmuebles auditados en Andalucía han recibido una E, mientras que a tres de cada diez ha correspondido una G. Por otra parte, F y D suponen, respectivamente, un 14% y un 9% del total, mientras que las tres categorías superiores (A, B y C) no representan en conjunto más del 4% del total.
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