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Varios responsables del Sindicato Médico de Almería-SIMEAL se han reunido esta mañana con el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Almería, Antonio Pérez Gallegos, para instarle a abrir diligencias penales contra los máximos responsables del Servicio Andaluz de Salud-SAS en Almería y en Andalucía por el reiterado incumplimiento de sentencias favorables a sus intereses sociolaborales que no son recurribles, lo cual ha desembocado en “una inercia estructural de abuso de poder”, ya que la Administración Pública Sanitaria “limita consciente y deliberadamente la tutela judicial de sus empleados públicos”, exigiendo el inmediato resarcimiento de los derechos económicos arrebatados de forma injusta.
Los médicos han denunciando el continuo y reiterado “desacato” a las sentencias que reconocen sus derechos como empleados estatutarios y públicos andaluces, las cuales son continuamente recurridas por la Administración ante instancias judiciales superiores como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o el Tribunal Supremo, con petición de “nulidades históricas” para demorar en el tiempo su aplicación, lo cual supone un “perjuicio económico para el erario público, y al final los ciudadanos son los que pagan los intereses de demora”. Se quejan de que los máximos responsables del SAS “trasladan a la justicia toda controversia laboral” y que hagan ostentación de ello “conocedores del tiempo de resolución de sentencias, de los costes asociados, y de que ellos no tienen problemas de abogados, letrados pagados con dinero público”.
Entre los asuntos reclamados en los juzgados y que han sido recurridos por la Administración, se encuentran aspectos como la regularización contractual de los eventuales y el reconocimiento de todos sus derechos y haberes económicos; así como la reclamación de descansos semanales, descansos por guardias en sábado o la paga extraordinaria de diciembre de 2012. También se incluyen otras que afectan a la situación laboral de las doctoras que encuentran numerosas dificultades para poder compatibilizar trabajo y maternidad.
Los médicos entienden que el abuso de poder de los gerentes del SAS “podría constituir un tipo penal” tipificado como tal en el artículo 410 del Código Penal, que obliga a las autoridades y funcionarios públicos a “dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia”. Los profesionales afectados consideran que “la inhabilitación especial y la multa operarían como advertencias significativas para evitar este abuso de poder de facto que sufrimos año tras año”.
Lamentan que el continuo abuso de poder les obliga a tener que recurrir continuamente a los tribunales de justicia para reclamar sus derechos, lo cual contribuye a la situación de “colapso” que sufren los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, donde se tramitan una media de más de 300 demandas al año. Esto, en opinión de los médicos, “causa un grave perjuicio a otros colectivos, como los autónomos, pequeños empresarios y otros ciudadanos “a los que se limita que tengan sentencias ágiles, ya que los juzgados tienen que atender las numerosas demandas que nos obligan a presentar; y esto les lleva a menudo a cerrar sus negocios y a generar desempleo”.
Los médicos critican que los responsables del SAS, guarden en un cajón sentencias no recurribles y que se han de ejecutar “con la excusa de esperar instrucciones de una lejana e impersonal ‘Sevilla’, como si el SAS o la Consejería estuviera en disposición de desacatar las sentencias”. Dicho desacato constituye en su opinión el incumplimiento de un deber constitucional “que es pasado por alto con sorprendente soltura ante ciudadanos estupefactos que en cambio cumplen con sus deberes tributarios y legales”. Por este motivo, reclaman que, dada su condición, “deberían actuar con un plus de ejemplaridad, especialmente en tiempos de dificultad y desapego a las instituciones, pero no es éste el caso”, se lamentan.
El presidente del Sindicato Médico, Nicasio Marín, ha manifestado tras una entrevista con el fiscal jefe de Almería, que al responsable del Ministerio Público “le ha sorprendido que se queden en un cajón sentencias no recurribles”. Marín ha lamentado que “por desgracia el empleador público sanitario se caracteriza por estar por debajo de la ejemplaridad que se le exige, porque nos obligan a ir a los juzgados para superar las controversias sociolaborales cuando tendrían que resolverse en una mesa de negociación”.
Marín ha estado acompañado por el secretario del Sindicato Médico de Almería, Francisco Durbán, y por el abogado del mismo, Francisco Rodríguez, y ha declarado que “nos vemos obligados a presentar demandas de todo tipo y cuando ganamos, que ganamos la mayoría, no sirve para nada, nos obligan a otro trámite”.
“El SAS menosprecia a los tribunales”
Los responsables del SAS, en su opinión, “menosprecian a los tribunales almerienses haciendo caso omiso, y a los que representamos a los médicos, nos están limitando la tutela judicial efectiva, estamos sufriendo una auténtica indefensión, y esto es una ruptura de un principio constitucional”, recordando que “el cumplimiento de las sentencias forma parte del Estado de Derecho, y si esto no ocurre por quien tiene que demostrar ejemplaridad, qué legitimidad tiene para exigirnos a los ciudadanos el pago de tributos, para cumplir con nuestras obligaciones; esto es intolerable”.
Marín ha pedido a los directivos del SAS “que cumplan ya las sentencias no recurribles, que no las guarden en el cajón, porque esto es una irresponsabilidad penal, potencialmente puede tenerla”.
Los médicos exigen que se les resarza y abone los derechos económicos que les corresponden y que les han sido arrebatados por la Administración andaluza en los últimos años, recordando a este respecto que “ha habido confiscaciones, se ha metido la mano en el bolsillo para sanear las cuentas de la autonomía andaluza, hemos sufrido verdaderos atropellos, tropelías en el mejor de los casos, se han vulnerado derechos y nos han obligado a realizar horas de guardia sin pagarlas, porque decían que eso absorbía ese pequeño incremento de media hora diaria, eso fue una excusa para hacer guardias un sábado y no cobrar, hacer tardes a cambio de esa solidaridad a la fuerza, por ejemplo de viernes y no cobrar, y no una, sino dos; nos han llevado a una situación casi de esclavitud, casi de imposición, y al final cuando lo ganamos en los tribunales, vemos que las sentencias no se ejecutan y que no hay resarcimiento y vemos que están guardadas en los cajones y esto no puede ser”.
“Utilizan la Justicia como arma”
Marín se ha quejado de que los directivos del SAS “son conscientes de la lentitud de la justicia, de que nos cuesta dinero, de abogado, de procurador, tasas, costas eventualmente, y utilizan la justicia como arma en vez de utilizar para equilibrar los derechos de los administrados, esto es un gobierno de imposición jerárquica e indiferente”. Ha recordado algunas de las demandas ganadas en los tribunales y no ejecutadas por el SAS. “Hay trienios de médicos antiguos que ya no se pagan que se han ganado incluso a nivel del Tribunal Supremo, pues ahí están, guardados en un cajón, son conscientes de que tendrán que pagarlos alguna vez, pero ahí están; la confiscación de tardes a la fuerza y guardias por la noche a la fuerza y sin cobrarlo también se ha ganado y no se está llevando a cabo”. Y además cuestiones “tan esenciales como una paga extraordinaria que fue confiscada de forma ilegal son sentencias firmes no recurribles y no las ejecutan, están guardadas en un cajón, están hibernadas, y este es el abuso de poder de una Administración que ejerce con cierta violencia sobre los demás, cuando lo que deberían de hacer es dar ejemplo y no lo están haciendo”.
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