El PSOE de Garrucha insistirá en pedir responsabilidades penales al alcalde por desviar dinero público a su taller

Los socialistas sostienen que la ley de incompatibilidades prohíbe claramente este tipo de actividades y recurrirán el archivo de la causa

El PSOE de Garrucha va a recurrir la decisión de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vera de archivar la causa abierta contra el alcalde la localidad, que fue denunciado por el PSOE por haber estado destinando dinero público del Ayuntamiento a un taller mecánico de su propiedad, desde el año 2008. Hasta el momento de la presentación de la querella, a finales de 2012, los socialistas habían podido acreditar que el alcalde le había encargado a su empresa trabajos por valor de 17.000 euros. Posteriormente, los pagos se incrementaron en, al menos, otros 10.000 euros más. Estos pagos respondían, en teoría, a trabajos de mantenimiento y reparación de vehículos municipales, aunque las facturas no iban acompañadas de albarán ninguno.
La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Garrucha, María López, ha recordado que, en junio del año pasado, durante la declaración ante la juez, el alcalde “confesó los hechos y admitió que había realizado esos pagos”.

Ahora, en el auto en el que decreta el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones, la jueza efectivamente reconoce como “hecho cierto” que, entre los años 2007 y 2011, el alcalde de Garrucha, Juan Francisco Fernández, era socio y administrador de una mercantil, Automecánicas Garrucha SL, “con la cual realizó contratos de prestación de servicios el Ayuntamiento”. También admite como “hecho cierto” que el alcalde participó “en los acuerdos municipales relativos a esos contratos”, lo que de manera “evidente” supone una “irregularidad administrativa”. A pesar de ello, la jueza motiva el archivo en que, a su juicio, los hechos no tienen “entidad penal”.

Ley de incompatibilidades
Frente a la interpretación de la magistrada, los socialistas de Garrucha sostienen que la ley de incompatibilidades prohíbe claramente que los cargos públicos realicen actividades de este tipo y son exigibles responsabilidades penales, por lo que recurrirán el archivo de la causa.

“La ley que regula las incompatibilidades de los cargos públicos indica de manera taxativa que el máximo responsable de una administración no puede ordenar contratos con su propia empresa, de manera que es evidente que el alcalde de Garrucha ha incumplido la ley y creemos que debe asumir responsabilidades penales por ello”, ha asegurado López.

Sobre el cambio en la empresa Automecánicas Garrucha SL, después de que, en febrero de 2012, el alcalde fuera sustituido por su hermano como administrador de la empresa, los socialistas insisten en que “esa sustitución no cambia el fondo del asunto, porque sigue siendo incompatible que el alcalde ordene pagos a la empresa administrada por su hermano, además de que Juan Francisco Fernández permaneció como accionista único de la empresa”.

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