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Sonia Ferrer Tesoro
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Sonia Ferrer, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, ha asegurado que con la demolición de dos viviendas ilegales en Cantoria, “la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se limitará a cumplir una sentencia judicial firme”. El derribo de estas viviendas, según recalca la delegada del Gobierno, lo llevará a cabo la Junta de forma subsidiaria, una vez que los titulares, haciendo caso omiso al requerimiento, no han procedido a la demolición de dichas viviendas de forma voluntaria.
En contra de las críticas a la Junta vertidas desde el Ayuntamiento de Cantoria, Sonia Ferrer recuerda que quien provocó “esta situación lamentable y dolorosa para los ciudadanos británicos -ajenos a la situación de ilegalidad de las casas- fue Pedro Llamas, alcalde de Cantoria en los años en los que se llevó a cabo la construcción de las viviendas, quien fue condenado por la Audiencia Provincial como autor de un delito de falsedad en documento público y de omisión del deber de perseguir delitos, hechos por los que fue inhabilitado y tuvo que dejar la Alcaldía”. Y es que, según la delegada del Gobierno, el exalcalde no atendió ninguno de los requerimientos que se le hicieron cuando el Seprona, en 2003, denunció ante la Jurisdicción Penal un posible delito contra la ordenación del territorio, por roturación y desmonte de terreno sin autorización. Y pese a las denuncias y los expedientes sancionadores, la promotora continuó las obras, que finalizó en 2004.
En cualquier caso, la delegada del Gobierno andaluz valora que en esta ocasión el Ayuntamiento de Cantoria diga ahora públicamente que respeta la decisión judicial por la que se ordena la demolición de las casas ilegales, “demolición que se hubiera evitado si en su día hubieran respetado y acatado las mismas decisiones y requerimientos y no se hubiera permitido la construcción de los inmuebles”.
Sobre la supuesta contradicción entre el próximo derribo y el anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucia (LOUA) aprobado recientemente por Consejo de Gobierno, con el fin de regularizar viviendas ilegales en Andalucía, Sonia Ferrer ha precisado que las dos viviendas de Cantoria no podrían acogerse a las medidas contempladas en el anteproyecto, ya que son viviendas ilegales que se encuentran en un procedimiento judicial y con sentencia firme.
En cuanto a las acusaciones de dirigentes del Partido Popular, que culpan a la Junta de generar inseguridad jurídica, Sonia Ferrer afirma que “mayor inseguridad jurídica genera cuestionar la ejecución de una resolución”
La delegada “lamenta que los principales víctimas de este caso no hayan visto cumplido lo que pidieron a González Pons y a Javier Arenas, del PP, durante su visita a la comarca en las pasadas elecciones europeas, en el sentido de que cambiaran el código penal para que las viviendas en situaciones similares no puedan ser demolidas en tanto que sus propietarios no reciban de manos de los culpables de la ilegalidad, las indemnizaciones que les correspondan”.
Sonia Ferrer ha negado además que la mayor parte de las viviendas ilegales demolidas en Almería sean de ciudadanos españoles. La Inspección Provincial de Urbanismo precisa que en Almería, en los últimos 8 años, se han demolido 14 inmuebles, 12 viviendas y 2 naves industriales, de las cuales, 11 eran de propietarios españoles y 3 de ciudadanos ingleses. De las 14 demoliciones, 11 lo han hecho los propietarios a requerimiento de la Administración, y 3 han sido demolidas por la Administración ante el incumplimiento de la resolución administrativa/judicial que lo acordó. Las 11 edificaciones demolidas por sus propietarios son de ciudadanos españoles y las 3 ejecutadas por la Administración son de ciudadanos ingleses.
En el caso de las dos viviendas de Cantoria demolidas en 2013, el incumplimiento de la resolución judicial es del promotor, que es español. De las 14 demoliciones, 6 fueron en Rágol, 2 en Vícar, 2 en Cantoria, 2 en Albox, 1 en Vera y 1 en Felix.
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