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La creciente desafección ciudadana hacia la política ante la proliferación de casos de corrupción ha llevado al PSOE a dar un paso adelante y redactar la Declaración de Valencia, un documento en el que los socialistas reafirman su compromiso con la transparencia y a favor de las buenas prácticas políticas. Esta Declaración, que incluye un paquete de medidas específicas que serán llevadas al Congreso de los Diputados, ha sido presentada hoy en Almería por el senador y candidato del PSOE a la Alcaldía de la capital almeriense, Juan Carlos Pérez Navas, quien ha incidido en la necesidad de “dar un paso adelante para conseguir que la política recupere la credibilidad”.
El objetivo de esta Declaración es evitar que se den casos como “los que afectan al PP de Almería”, que no sólo tiene una causa judicial por presunta financiación ilegal, sino que además tiene imputados al alcalde de Roquetas, el de El Ejido y el de Fines, en casos en los que los jueces dirimirán si se han producido presuntos delitos relacionados con la corrupción, como prevaricación administrativa, blanqueo de capitales o delitos contra la Hacienda Pública. Además, también hay denuncias interpuestas contra otros alcaldes del PP provincia, como el de La Mojonera y el de Garrucha, y el concejal de Urbanismo de la capital.
“El problema de la corrupción nos afecta a todos, pero la diferencia entre unos y otros está en cómo lo abordamos”, ha señalado Pérez Navas, quien ha puesto en valor el paso adelante que ha dado el PSOE con la Declaración de Valencia. “Los socialistas estamos preocupados por el futuro de nuestra democracia y queremos aportar soluciones”, ha insistido.
La Declaración de Valencia incluye un anexo con medidas en materia de lucha contra la corrupción y regeneración de la democracia, entre las que se encuentran incorporar al Código Penal el delito de financiación ilegal de partidos, incrementar las penas para delitos de corrupción y las penas de inhabilitación, que se incluyan nuevas conductas delictivas para la prohibición de contratar con las administraciones públicas y fortalecer la prohibición de fraccionar artificialmente los contratos.
Además, el PSOE insiste en la necesidad de dotar a la Justicia de medios humanos y materiales adecuados para la lucha contra la corrupción, y en que los cargos que resulten imputados por delitos de corrupción sean suspendidos de manera inmediata si se les abre juicio oral y que sean cesados si resultan condenados.
Publicación de patrimonio
Los socialistas también quieren que sea obligatorio que todo cargo público haga públicos sus bienes al inicio y al final de su mandato. En este sentido, Pérez Navas ha recordado que “algunas administraciones a nivel local no cumplen” esta medida, como ocurre por ejemplo en el Ayuntamiento de Almería, donde los concejales del equipo de Gobierno no publican su patrimonio antes y después de su mandato, “mientras que los concejales socialistas sí lo hacen, porque se rigen por normas que el PSOE ha implementado en sus Estatutos”.
“Hay ayuntamientos que no están cumpliendo con la transparencia que la Junta de Andalucía va a imponer el año que viene” y que permitirá conocer cuestiones como “en qué medida se ejecuta un presupuesto, con quién se contrata, cuántas veces o a qué altura de cumplimiento del contrato nos encontramos”, ha explicado Pérez Navas. “Son medidas que queremos que se impongan por ley en todos los niveles de la administración, porque consideramos que sólo así, si trabajamos de manera conjunta en todas las administraciones, gobierne quien gobierne, lograremos frenar al menos esa sensación de que no se hace nada”, ha dicho.
Finalmente, la Declaración de Valencia incluye un bloque de medidas para la regeneración democrática, entre las que se incluyen la obligación de que los partidos políticos elijan a sus responsables máximos mediante un sistema en que el participen, al menos, sus afiliados; que en los estatutos de los partidos se incluya la previsión de suspender a los militantes en los supuestos de corrupción; que se reduzca la cuantía máxima permitida para las donaciones de personas físicas a los partidos políticos; y que los parlamentarios tengan dedicación exclusiva.
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