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El concejal portavoz de Izquierda Unida en Turre, Martín Morales, ha solicitado amparo ante el Defensor del Pueblo Andaluz ante una nueva negativa por parte del alcalde de ceder los espacios públicos de la localidad.
“Desde hace tres años y medio, en esta legislatura, venimos solicitando por escrito en el Ayuntamiento la cesión de espacios públicos y locales municipales para la celebración de reuniones con vecinos con motivo de informar sobre temas hipotecarios y problemáticas diversas del municipio. Durante el último año en todas las ocasiones se me ha denegado la solicitud. Algunas veces ni siquiera se me ha contestado, y las que sí, se relata que no se ceden espacios para actos políticos, cuando las actividades para las que lo solicitábamos no lo eran y así se lo hemos recalcado”, explica el edil de IULVCA.
Martín Morales denuncia que a Izquierda Unida y a otros vecinos a los que el alcalde vincula a la política “se nos niegan los espacios públicos, mientras por el contrario, el alcalde y su equipo de Gobierno sí realizan efectivamente actos políticos de forma periódica en los espacios públicos municipales, hasta en la misma plaza de la Constitución, como puede verse en el enlace siguiente: http://goo.gl/UzxcYT
Para IU “el alcalde, adopta una actitud dictatorial y caciquil, como si el municipio fuera su cortijo, y no duda en perjudicar con ello a sus vecinos, ya que el acto que queríamos organizar en esta ocasión es para informar sobre temas hipotecarios, un encuentro que ha beneficiado a cientos de personas en toda la provincia y que se vienen celebrando desde el grupo de trabajo contra las cláusulas suelo. Gracias a esta información presentada en las charlas, las personas afectadas han reclamado en sus entidades bancarias y han visto rebajada la cuota hipotecaria al retirarse las prácticas abusivas. Un asesoramiento que queremos ofrecer también en Turre, pero el alcalde se niega”.
Por todo ello, Izquierda Unida ha realizado una denuncia ante el Defensor del Pueblo andaluz en la que solicita que sean recabadas las solicitudes y resoluciones que el alcalde emite en contra del uso de locales y espacios municipales a los diferentes vecinos y/o cargos públicos y sean impugnadas; así como obligarle a cesar en la censura a los vecinos para reunirse en locales públicos, “porque el Ayuntamiento y sus locales no son su cortijo privado”.
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