La Plataforma de Protección de Menores de Almería se reúne con el Partido Andalucista

Denuncian las consecuencias de los recortes en los centros de menores. “Al no ser votos no es acuciante su situación” expusieron los andalucistas

La Plataforma de Protección de Menores de Almería, manifestó en una reunión con la directiva provincial del Partido Andalucista la situación de desprotección que se está dando en los centros de menores de la provincia, concretamente en aquellos que dependen de Entidades Colaboradoras con la Junta de Andalucía en materia de protección a la infancia. Dicha situación se genera a raíz de los recortes económicos que comienzan a aplicarse en el año 2013 y que continúan en marzo de 2014. Estos recortes entran en conflicto con la normativa aún vigente que regula el acogimiento residencial en centros de protección de menores. Nos referimos concretamente al Decreto 355/2003, de 16 de Diciembre de Acogimiento Residencial de Menores y a la Orden de 9 de Noviembre de 2005 que regula la cooperación entre la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y las entidades colaboradoras. Concretamente el pasado año, sólo en la provincia de Almería se suprimieron un total de 52 plazas. La Plataforma denuncia la forma irregular en que se han aplicado los recortes económicos, ya que estos se ejecutaron tras informar a las Delegaciones Provinciales de las nuevas directrices a través de un documento remitido vía correo electrónico, al cual se le ha dado mayor validez que a la normativa anteriormente mencionada y vigente en la actualidad. Por otro lado, la Plataforma de Protección de Menores de Almería, quiere dar a conocer las consecuencias nefastas que están perjudicando gravemente a las y los menores tutelados que residen en centros de protección. Destacar que se trata de un colectivo sumamente vulnerable debido principalmente a la invisibilidad del mismo. Se trata de niñas y niños menores de edad, cuya historia de vida es complicada de por sí y que dependen exclusivamente de la protección y cuidados que se les brindan desde los recursos en los que residen. Sin embargo, en los dos últimos años y precisamente por el incumplimiento de la normativa de la Administración competente en materia de protección, la calidad de vida de estas niñas y niños se está viendo mermada de forma significativa, lo que conlleva un deterioro que no tiene justificación alguna. Son muchas las consecuencias que se han producido hasta la fecha. Por un lado, se ha cambiado por completo el modelo de organización de los centros residenciales. Se ha pasado de intervenir en unidades de convivencia de 6 u 8 plazas, a crear residenciales con capacidad de 12 a 20 plazas, lo que conlleva que sea inviable el objetivo de intentar crear espacios similares a un hogar “normalizado”

Además, la creación de residenciales no ha supuesto el aumento de ratio educador/menor, sino todo lo contrario. Actualmente un número menor de personal atiende durante más horas y con menos recursos a un mayor número de niñas y niños, realizando tareas que no son de su competencia profesional y siendo imposible atender de forma adecuada a las y los menores con los que se interviene. Del mismo modo, las horas de trabajo de psicólogas/os y trabajadores/as sociales se han recortado notablemente, siendo figuras profesionales que además de intervenir directamente con las y los menores, atienden a sus familias y gestionan los trámites que hacen posible una integración normalizada. Todo lo mencionado conlleva que estas niñas y niños que presentan unas características especiales por su trayectoria vital, no obtengan la atención que necesitan de los equipos de profesionales que conviven con ellas y ellos y que son sus principales referentes, lo que dificulta en gran medida su recuperación e integración. Desde la Administración competente en materia de protección, justifican los recortes argumentando que no son necesarias tantas plazas para menores bajo tutela debido a que se aboga por la convivencia de estas niñas y niños con familias acogedoras. Sin embargo, la realidad es que actualmente no hay familias disponibles que cumplan con los requisitos necesarios para acoger a estas y estos menores. Además, la supresión de plazas en centros por “no ser necesarias” es algo que se contradice con la actual situación de crisis, que afecta especialmente a la infancia por ser un colectivo que no puede defenderse por sí mismo. Las y los profesionales que intervienen con familias y menores conocen de primera mano la situación de precariedad que se da en un mayor número de familias, siendo esta realidad contradictoria con el recorte en políticas sociales y concretamente en el ámbito de la infancia. En definitiva, los recortes que se están llevando a cabo en los centros de protección, no sólo se han ejecutado de forma irregular, sino que suponen grandes perjuicios de cara a un futuro próximo, ya que el hecho de no proporcionar los recursos necesarios a menores que actualmente se encuentran en protección y residiendo en centros, conllevará que el día de mañana este colectivo suponga un mayor coste tanto económico como social debido a que se le está empujando hacia la exclusión y la marginación en lugar de procurar un desarrollo normalizado y por tanto su inclusión en la sociedad.

Los andalucistas han mostrado su pleno apoyo “al no ser votos, no es acuciante su situación “ expuso el candidato a las elecciones del 22M por Almería, Ricardo García

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