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El Grupo Ecologista Mediterráneo ha dado a conocer los Premios Duna del último año, un galardón que se instauró en el año 1986, que ha cumplido ya los 30 años concediéndose de forma ininterrumpida cumple ya 30 años y con los que se busca reconocer las labores y actitudes en favor del medio ambiente y el desarrollo sostenible en la provincia de Almería. Este año la Asamblea del grupo ha otorgado dos premios, al Ayuntamiento de Almócita en la figura de su alcalde, Francisco García, y al equipo de la Policía Autonómica en Almería por el compromiso y la motivación de sus miembros.
El premio Duna 2016 concedido a Almócita es un reconocimiento a la labor que lleva desarrollando desde hace años con numerosas iniciativas vinculadas con la defensa del medio ambiente, el patrimonio y la cultura popular y la búsqueda de modelos de vida más sostenibles y respetuosos con su entorno natural.
Fruto de ese compromiso son iniciativas como la celebración cada año de la Noche de Los Candiles, surgida hace seis años como una forma de hacer frente al cambio climático y de promocionar el ahorro energético, un objetivo que el GEM comparte plenamente porque se trata de uno de los problemas más graves a los que debe hacer frente la humanidad.
La actividad en favor del medio ambiente y del desarrollo sostenible abarca a otras muchas actividades que van desde la celebración de ecoencuentros, en los que se plantean cuestiones como la promoción de huertos verticales, la fabricación de compost, o de productos ecológicos. O la decisión de restringir el tráfico rodado en las calles céntricas de la localidad. O la más reciente obra de construcción de un edificio de usos múltiples para el pueblo en el que sólo se utilizan materiales ecológicos como la paja, la arena, la cal o el barro. Un Domo con el que se apuesta por la bioconstrucción que no precisará ni calefacción ni aire acondicionado, gracias a las técnicas constructivas y a los materiales.
Pero además el Ayuntamiento ha logrado una alta implicación de los vecinos de la localidad en el desarrollo de estas actividades, consiguiendo no sólo su participación sino también un compromiso con el medio ambiente, los recursos naturales o la sostenibilidad que lo convierten en conjunto en un ejemplo para el resto de los municipios de la provincia.
El Duna 2016 al equipo de la Policía Autonómica busca reconocer la actividad que está desarrollando en el ámbito de la conservación de la Naturaleza, y lo consigue en buena medida gracias a la motivación y el compromiso de sus efectivos, en especial de Emilio González Alcaraz, pues de su mano este cuerpo policial está realizando campañas de vigilancia ambiental dignas de ser tenidas en cuenta por los ciudadanos.
En los últimos años esas actividades han conseguido, entre otros logros, un seguimiento y control de uso de las redes japonesas en las que cada año mueren miles de pájaros que mueren de una forma cruel al quedar atrapadas en esas finas redes. La iniciativa desarrollada por el equipo de Medio Ambiente de la Policía Autonómica ha permitido realizar operaciones de amplia escala, consideradas la mayor operación contra estas artes prohibidas ejecutadas en la provincia y una de las más importantes a nivel nacional.
Su trabajo ha llevado también a la recogida de cientos de ejemplares de tortuga mora en la provincia, cuya posesión privada es ilegal, llegando a poner a disposición de la Justicia a personas a las que se les han intervenido ejemplares en cautividad de una especie amenazada.
Las denuncias realizadas por los agentes llegan también al uso ilegal de trampas, lazos o cepos en varios cotos de caza, una práctica extendida y que se considera muy dañina al no ser artes selectivas y afectar con frecuencia a gran número de carnívoros protegidos y amenazados. Junto a ello realiza un exhaustivo control de la pesca ilegal en el Natural Arrecife Barrera de Posidonia, área también protegida, o la persecución de numerosos casos de expolios del patrimonio arqueológico almeriense, o el control de los vertidos irregulares en municipios o empresas.
Se premia de esta forma la labor realizada y el compromiso de unos agentes que están llevando a cabo una labor importante a la hora de hacer cumplir las normativas ambientales o de perseguir los delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales o del patrimonio que, por desgracia, siguen siendo muy frecuentes en muchos puntos de la provincia de Almería.
CARBON 2016
Los Premios Duna tienen siempre el contrapunto de las Menciones Carbón (llamadas así porque se hacen públicas coincidiendo con la festividad de los Reyes Magos). En esta ocasión el Grupo Ecologista Mediterráneo vuelve la vista hacia las administraciones públicas por la pésima gestión de los recursos hídricos en general, y por la falta de decisión a la hora de abordar el problema de los vertidos de aguas residuales sin depurar a cauces o al mar.
El agua, o más bien su escasez, se ha convertido en uno de los más graves problemas en la provincia de Almería. A la sobreexplotación ya tradicional de los acuíferos se une el incumplimiento flagrante de las directivas europeas que obligan a la depuración y reutilización del agua que se consume en los núcleos de población, un despilfarro de recursos que la provincia no puede permitirse, menos en un año de fuerte sequía como ha sido el 2016.
Para dar cumplimiento a la legislación vigente se proyectaron en la provincia de Almería 38 plantas depuradoras. Han pasado desde entonces casi ocho años y ninguna de esas depuradoras está aún en funcionamiento. La normativa comunitaria imponía como fecha límite para la entrada en servicio de esas plantas el 1 de enero de 2016, pero a fecha de hoy no han sido construidas en su inmensa mayoría, y ello a pesar de que los usuarios llevan años pagando un canon destinado a financiar esos proyectos, canon que ha supuesto unos ingresos para la Junta de Andalucía de casi 400 millones de euros.
El Carbón quiere evidenciar ese incumplimiento sistemático, ejemplarizándolo en la situación que a día de hoy mantiene el área del Bajo Andarax, donde media docena de pueblos vierten directamente sus aguas fecales sin depurar al cauce seco del río provocando con ello no sólo un grave problema de salud pública por los malos olores, la proliferación de mosquitos o la infiltración en los acuíferos de la zona, sino un derroche de un agua que, una vez tratada de forma conveniente, podría proporcionar a esa zona en torno a 12 hectómetros cúbicos de agua para riego, aliviando así la escasez de una zona que vive en gran medida de la agricultura.
La Mención negativa del GEM recuerda también la ausencia de un control real de los aprovechamientos ilícitos de aguas subterráneas en numerosos puntos de la provincia, o la concesión de licencias para nuevos cultivos en áreas en las que no está garantizado el aporte de agua. Almería está plagada de pozos ilegales consentidos por las administraciones públicas, políticas que ignoran los informes técnicos que señalan a la práctica totalidad de la provincia como área sobreexplotada. Los estudios desarrollados por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), que alertan de la gravedad de la situación, han sido sistemáticamente despreciados en las últimas décadas, en una actitud que pone en entredicho la voluntad de afrontar este grave problema.
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