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María López Cervantes, alcaldesa de Garrucha
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Se puede hablar de impuestos municipales sin que el ciudadano lo vea como una amenaza. Incluso se pueden tomar medidas que te permiten cobrar más sin que el ciudadano de a pie tenga que rascarse el bolsillo y desechar ya, de una vez por todas, el dicho y el hecho de que al final siempre pagan justos por pecadores, para que sean realmente los pecadores quienes paguen los platos rotos.
Garrucha es un municipio pequeño y de gente honrada y cumplidora. De hecho, creo que debemos ser una de las localidades con mayor índice de recaudación porque en números totales estamos en un 89% de efectividad. Ahora bien, ¿qué ocurre con ese 11%? Para que se hagan una idea, sólo en los últimos cuatro años, que es lo que aún no hay prescrito, tenemos en la calle algo así como 1,16 millones de euros que son propiedad de todos los vecinos de Garrucha. Dinero que debe invertirse en beneficio de todos y que unos pocos intentan no pagar, y ése es uno de los pasos que hemos decido dar: abordar de forma seria y especializada la ejecución de esas deudas y traducirlas en beneficio de todos.
A alguno le puede parecer la puesta en marcha de un mayor ímpetu recaudatorio, pero todo lo contrario, se trata de equiparar a todos, de que no sean siempre los mismos quienes paguen el pato porque, casualmente, también son siempre los mismos quienes intentan evitar estas obligaciones.
Pero hay mucho más. Los ayuntamientos pequeños no tenemos personal suficiente para saber qué, cómo y cuánto nos corresponde, y de hecho uno de los problemas fundamentales es que las diputaciones en las que delegamos esa tarea son especialistas en cobrar al honrado, al que paga en periodo voluntario, pero también son el mejor aliado de quienes intentan escaquearse de estas obligaciones, porque sencillamente su recaudación ejecutiva, la que se refiere a los deudores, es nula.
Si esto suena raro o mal, peor aún es descubrir que en la mayor parte de los ayuntamientos no se cobran tasas a empresas que prestan servicios a nuestros ciudadanos y que ocupan subsuelo, espacio aéreo o dominio público en general. Para que nos hagamos una idea.
Esas empresas que taladran las calles, meten las redes y luego cobran servicios a los ciudadanos, tienen por obligación pagar el 1,5% de la facturación generada en ese municipio, más o menos y a rasgos muy generales.
Aproximadamente sólo en Garrucha se han dejado de percibir hasta ahora más de 200.000 euros al año. Esto quiere decir que antes de subir impuestos a los vecinos, podemos aplicarnos en cobrar a aquellos que por ley les corresponde pagar a las haciendas locales y que hasta ahora no lo están haciendo.
Un ayuntamiento siempre tiene la necesidad de hacer obras, mejorar servicios, apoyar nuevas iniciativas que permitan generar las condiciones ideales para que los emprendedores den rienda suelta a su creatividad, pero el cambio, la gran revolución que nos corresponde tiene que ser esa, generar un escenario para que no paguen siempre justos por pecadores. Nosotros, en Garrucha, ya nos hemos puesto en marcha.
María López Cervantes, alcaldesa de Garrucha
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