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El Servicio de Consumo de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería ha organizado hoy una jornada técnica de coordinación con las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) de la provincia, con el objetivo de poner en común sus actuaciones en defensa de las personas consumidoras y aunar criterios. La jornada ha incluido también una sesión abierta a trabajadores sociales y personal de los Centros de Participación Activa de Personas Mayores, centrada la nueva regulación del bono social eléctrico.
La jornada ha sido inaugurada esta mañana por el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, José María Martín, junto al jefe del Servicio Provincial de Consumo, Cristóbal Estévez. José María Martín ha señalado que “la defensa de las personas consumidoras es una de las prioridades de la Junta de Andalucía, así como la formación de la población, para que sepa cuales son sus derechos y pueda ejercerlos activamente”.
El delegado ha explicado que “en esta reunión hemos querido abordar un asunto que va a afectar a los hogares más vulnerables de nuestra provincia, como es la regularización del bono social, para evitar posibles fraudes y garantizar que quienes tienen derecho a acceder a él, puedan beneficiarse del mismo”.
La jornada ha comenzado con un balance de las actividades realizadas por el Consejo Provincial de Consumo y el Órgano de Mediación del Sector Eléctrico en el último año. Ambos órganos está impulsados por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y en ellos se integran representantes de la Junta de Andalucía, de las asociaciones de consumidores y usuarios UCA, FACUA y Al-Andalus; así como de la asociación provincial de empresarios, Asempal y de la empresa Endesa, principal distribuidora y comercializadora de electricidad en la provincia.
Bono social
El bono social es un descuento en la factura de la luz, regulado por el Gobierno y que pretende proteger a los hogares considerados más vulnerables, garantizando su acceso a este suministro básico. Para poder acogerse a él, la persona consumidora debe tener contratada en su vivienda habitual la tarifa eléctrica de Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), con o sin discriminación horaria y una potencia igual o inferior a 10 kilowatios.
La nueva regulación del bono social incluye como novedad la distinción de tres tipos de clientes, en base a IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples): cliente vulnerable, cliente vulnerable severo o cliente vulnerable severo en riesgo de exclusión social. A la hora de calcular la clasificación en alguna de estas categorías se prevén índices correctores, en los casos en que algún miembro de la familia tenga discapacidad mayor o igual al 33%, sea víctima de violencia de género o sea víctima de terrorismo. También se incluyen en esta clasificación, como clientes vulnerables los pensionistas que perciban la pensión mínima, por jubilación o invalidez permanente o las familias numerosas.
Otra novedad es la creación de unos limites en el consumo de electricidad, para beneficiarse de los descuentos del 25% y el 40% del total de la factura. Así, los beneficiarios del bono social estarán sujetos a un límite en el consumo de energía, superado el cual se aplicará la tarifa PVPC sin descuento.
Los actuales beneficiarios del bono social tienen hasta el 10 de abril de 2018 para volver a solicitarlo de nuevo y acreditar los nuevos requisitos. Si no se acredita el cumplimiento de estos requisitos, se aplicara automáticamente la tarifa PVPC sin descuento. En la acreditación de cumplimiento de los requisitos de nuevo bono social, las entidades locales tienen una importante labor a través de los Servicios Sociales municipales, o comunitarios. Igualmente es esencial la labor de los trabajadores sociales y el personal técnico de los Centros de Participación Activa de Personas Mayores, ya que una buena parte de los beneficiarios son pensionistas.
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