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Sociedad - Almería - 23/03/2018

La Junta impone en Almería sanciones en materia de consumo por un importe 7,8 millones en 2017

En 2018 se impulsará una nueva Ley que reforzará la mediación y el arbitraje como sistemas alternativos de resolución de conflictos

Almeria 24h
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La Junta impone en Almería sanciones en materia de consumo por un importe 7,8 millones en 2017


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El delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería, José María Martín, acompañado por el jefe del Servicio de Consumo, Cristóbal Estévez, ha presentado hoy en rueda de prensa el balance de las actuaciones desarrolladas por la Junta de Andalucía en materia de consumo en la provincia de Almería durante el pa-sado año 2017. Entre la actividad realizada destaca el trabajo desarrollado en el ámbi-to del control e inspección del mercado, una labor que se ha traducido en la tramita-ción de 365 expedientes y la imposición de sanciones por valor de más de 7,8 millo-nes de euros.

José María Martín ha explicado que “las actuaciones desarrolladas por la Junta en el ámbito del control e inspección del mercado tienen como objetivo comprobar el correcto cumplimiento de la normativa en materia de consumo por parte de las em-presas que operan en nuestra provincia, para garantizar que los bienes y servicios puestos a disposición del público se produzcan, suministren y ofrezcan en unas con-diciones adecuadas para que puedan disponer de productos seguros y de calidad”.

En esta línea, en el año 2017 se llevaron a cabo en Almería 20 campañas de control, y se levantaron un total de 867 actas de inspección tras la visita a más de 625 establecimientos. Del total de actas, 170 son positivas, es decir, que han detectado algún tipo de irregularidad o incumplimiento de la normativa, lo que supone un 22,4% del total.

Cuando se detecta alguna irregularidad, se ponen en marcha los mecanismos habilitados al efecto, y se toman las medidas oportunas, ya sea imponiendo sanciones a las empresas que incumplen con las obligaciones en materia de consumo, o retiran-do productos del mercado. A lo largo del año 2017 se han resuelto 365 expedientes sancionadores, de los que 259 han estado relacionados con el ámbito de los servi-cios, 60 con el de los productos industriales y 46 con el de los productos alimenticios. De estos expedientes se han derivado sanciones por un valor total de 7.867.204,25 euros.

Balance reclamaciones y quejas

El Servicio Provincial de Consumo de la Delegación Territorial de Igualdad, Sa-lud y Políticas Sociales ha recibido durante 2017 un total de 2.428 reclamaciones, quejas y denuncias formuladas por los usuarios de la provincia. La inmensa mayoría de ellas (2.400, el 98,8%), tienen su origen en el ámbito de los servicios, con especial incidencia en sectores como el de las comunicaciones, las entidades financieras, el comercio minorista, los servicios y suministros esenciales o los servicios sanitarios. Además de estas quejas relacionadas con los servicios, se han presentado 4 relacio-nadas con el ámbito alimentario y 24 relacionadas con el consumo de productos in-dustriales.

La mayor parte de las quejas se producen en el sector de las comunicaciones, donde se han recibido un total de 532. Le siguen las entidades financieras, con 359; el comercio minorista, con 315; los servicios esenciales, con 273, y los servicios sanita-rios, con 259.

En general, se ha observado un incremento del 6,8% en número de quejas respecto a los datos del año anterior (2016). Y aunque se han reducido en el ámbito de las comunicaciones (han bajado un 42%), hay otros donde se ha registrado un no-table incremento, como el de los servicios sanitarios, en el que se ha pasado de 33 quejas a 259, un crecimiento del 685%, relacionado con los servicios de determinadas clínicas dentales.

Con respecto a los principales motivos de reclamación, en el ámbito de las te-lecomunicaciones, suelen relacionarse con la facturación o el incumplimiento de las condiciones de contrato. En las entidades financieras, los clientes reclaman aspectos como el cargo de los gastos de formalización de las hipotecas o las cláusulas abusi-vas. En el sector del comercio minorista, la queja más frecuente es el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la garantía de los bienes adquiridos.

El incremento de las quejas en el ámbito de los servicios sanitarios se relaciona directamente con la actividad de ciertas clínicas dentales, debido a incumplimiento de las condiciones del contrato, desatención de los clientes, irregularidades en la calidad del trabajo realizado o los implantes o la no devolución de cantidades cobradas en exceso.

Actividad formativa

Junto a la recogida y tramitación de las sugerencias, quejas y reclamaciones, los profesionales del Servicio de Consumo llevan a cabo cada año numerosas activi-dades dirigidas a formar e informar a las personas consumidoras, con especial aten-ción a colectivos como las personas mayores, empleados y empleadas domésticas, e infancia.

En 2017 como cada año, se ha realizado una campaña especial con motivo de la festividad de la Navidad, centrada en la seguridad de los juguetes y dirigida a las asociaciones de padres y madres de los colegios de educación infantil y primaria de la provincia. Se han impartido 15 charlas, en los municipios de Almería, Huércal-Overa, Adra, Pechina, Zurgena, Arboleas, Roquetas de Mar, Tabernas, Benahadux, Taberno y Oria.

En estas actividades dirigidas a padres y madres se han analizado aspectos como etiquetado y seguridad de los juguetes, recomendaciones para elegir el mejor juguete para los menores. Además, se han abordado aspectos como el consumo de productos de entretenimiento como videojuegos, películas, videos y DVD, muy habi-tuales entre los niños y jóvenes, y se ha ofrecido información sobre el sistema de cla-sificación ‘PEGI’ (Pan European Game Information), que se utiliza para clasificar estos materiales en función de la edad, con lo que trata de asegurar un consumo responsa-ble y educativo y de ayudar a los padres a tomar la decisión sobre si deben comprar o no un producto.

También se han impartido 5 charlas y talleres en los Centros de Participación Activa de Mayores Almería III, Cuevas del Almanzora, Níjar y Uleila del Campo, con 145 participantes y centradas en el suministro eléctrico: facturación, tipos de contra-tos, reclamaciones, etc.

Dentro de la colaboración con el sector empresarial, se ha realizado una charla concreta sobre el la normativa básica en materia de consumo que afecta al comercio y otra sobre los derechos de las personas consumidoras en los servicios de comuni-caciones electrónicas.


Con respecto a las campañas de inspección, en 2017 se han desarrollado un total de 20: dos sobre productos alimenticios, seis sobre productos industriales y 12 en el sector servicios.

Igualmente, en 2016 se han concedido en la provincia más de 53.000 euros en materia de subvención a diferentes Asociaciones de Consumidores y otros 88.424 destinados a facilitar el funcionamiento de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor de las localidades de: El Ejido, Berja, Vícar, Adra, Vera, Cuevas del Al-manzora, La Mojonera, Vélez-Rubio, Pulpí, Olula del Río y Antas.

Nuevo desarrollo normativo

En 2018 la Consejería de Salud tiene previsto el desarrollo de nueva normativa para mejorar la capacidad de protección y defensa de las personas consumidoras y usuarias. En esta línea, se va a modificar el Decreto que regula las hojas de quejas y reclamaciones oficiales de la Junta de Andalucía, con el objetivo de adaptarlo a la normativa europea y mejorar la eficacia y la eficiencia del proceso reclamación, para que sea más sencillo, útil e intuitivo para la ciudadanía.

También está previsto avanzar en la nueva Ley de Prevención y Solución de Conflictos de Consumo, que permitirá desarrollar un nuevo marco normativo que re-fuerce los mecanismos de resolución de conflictos y consolide el Sistema Arbitral de Consumo en Andalucía.

Por otra parte, también se está trabajando en el Plan Estratégico de Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias en Andalucía, un documento que tiene como objetivo establecer las líneas estratégicas que marcarán el impulso de las políti-cas de consumo en la comunidad, así como definir y programar las actuaciones a desarrollar durante los próximos años. El documento se está desarrollando en coope-ración con la administración pública local y en alianza con el ámbito asociativo y em-presarial, con el objeto de integrar las aportaciones de los diferentes agentes implica-dos en la protección de los derechos de las personas consumidoras en nuestra Co-munidad Autónoma.

Además, se pondrá en marcha una nueva convocatoria de ayudas y subven-ciones, dirigida tanto a las asociaciones y federaciones de personas consumidoras como a las entidades locales, con el objetivo de impulsar su mantenimiento y el desa-rrollo de sus actividades, para ofrecer a la ciudadanía una red de apoyo sólida, activa y accesible para ejercer sus derechos en materia de consumo.




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