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En pocas provincias españolas –por no decir en ninguna–, los medios de producción se encuentran tan expuestos como ocurre en Almería. La riqueza de la comarca del Poniente no se guarda en el interior de fábricas construidas con sólidos ladrillos, sino que descansa entre simples plásticos. Y no estamos hablando de unos cuantos invernaderos, sino de decenas de miles, a los que se accede por una extensa e intricada red de caminos rurales. A este insólito paisaje hay que sumarle, además, la existencia de numerosos núcleos de población de mediano y pequeño tamaño, junto a otros dos que, por su envergadura, son verdaderas ciudades: Roquetas de Mar y El Ejido.
Con este panorama, que insisto en que no se da en ninguna otra provincia española, el tema de la seguridad en la comarca del Poniente no puede tratarse a la ligera, como si fuera un asunto menor o con los parámetros que se utilizan en el resto del país: hace falta un análisis riguroso de la situación y que se pongan los medios necesarios para que personas y cosas estén seguras.
Incomprensiblemente, el Gobierno de Rajoy no ha hecho nada en seis años para mejorar la seguridad en el Poniente almeriense ni en el conjunto de la provincia, sino todo lo contrario. Desde la llegada del PP al Gobierno, Almería ha perdido 122 agentes de Guardia Civil y Policía Nacional. Esta escasez, además, se está viendo agravada por la decisión de compensarles las horas extras que echan con días de descanso, en lugar de pagárselas.
Sólo en El Ejido, la Guardia Civil tiene que vigilar unas 15.000 hectáreas de invernaderos y 27 kilómetros de costa, con unos medios humanos que son cada vez más escasos. La plantilla apenas sobrepasa el medio centenar de agentes, que tampoco pueden recibir el apoyo de la Policía Local porque también aquí existe un déficit de entre 50 y 60 agentes. En esta escasez de medios humanos de la Guardia Civil tiene mucho que ver, por otra parte, la decisión del Gobierno de reforzar la plantilla de Roquetas de Mar con agentes provenientes de otros municipios del entorno. Tengo que decir que está muy bien proteger Roquetas, pero esto no puede ser a costa de quitarles seguridad a otros pueblos.
Este trasvase de agentes a Roquetas no significa que el pueblo de Gabriel Amat esté especialmente protegido, sino todo lo contrario: aquí los bandazos en temas de seguridad están a la orden del día. En Roquetas, el alcalde ha pasado de pedir una comisaría de Policía vehementemente en los tiempos en los que gobernaba el PSOE, a enterrar este asunto en el mismo momento en que llegó Rajoy a La Moncloa. Desde que gobierna su partido, Amat ha renunciado a una comisaría como la que sí tienen ciudades de provincias limítrofes como Motril, Lorca o Baza.
El alcalde de Roquetas ya no sólo no pide, sino que ahora regala. Así, en las últimas semanas, ha firmado un convenio con el Ministerio de Interior en el que le cede un edificio municipal para que traslade allí el cuartel de la Guardia Civil. De este modo, en lugar de exigirle al Ministerio que construya un cuartel nuevo, Amat le regala el patrimonio de todos los roqueteros. Además, el alcalde renuncia a pedir mejoras para el cuartel de la Guardia Civil en Aguadulce, como renuncia a pedir que los agentes destinados en Roquetas sean de plantilla, y no que vengan en prácticas.
El maltrato del Partido Popular a nuestra provincia parece no tener límites, pero Almería merece otra cosa. Por eso, los socialistas seguiremos exigiendo que el Gobierno de Rajoy nos trate con respeto, que reponga todos los guardias civiles y policías nacionales que hemos perdido, que traiga una comisaría a Roquetas, un cuartel de la Guardia Civil a Vícar y que apruebe un plan especial de seguridad para el mundo agrario, en el que el Poniente almeriense ha de tener un papel protagonista.
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