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La Junta de Andalucía destinará más de 6,6 millones de euros para impulsar actuaciones en cuatro zonas desfavorecidas de la ciudad de Almería, para mejorar la calidad la vida de sus habitantes, uno de los principales objetivos de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Estas ayudas, cofinanciadas con fondos europeos supondrán en el conjunto de la provincia de Almería más de 13 millones de euros en el periodo de 2018 a 2021.
El delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, José María Martín, ha participado hoy, junto a la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades de Almería, Rafaela Abad, en la Jornada de Lanzamiento del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas, organizada por el Ayuntamiento de Almería.
José María Martín ha explicado que “la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales ha puesto en marcha este año una convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a entidades locales, para desarrollar actuaciones entre los años 2018 y 2021, que en el caso de Almería van dirigidas a los ayuntamientos de Almería, El Ejido, Níjar, Roquetas de Mar y Vícar, así como a la Diputación Provincial, para actuaciones en el municipio de La Mojonera”.
El delegado ha detallado que “el presupuesto establecido para el Ayuntamiento de Almería es de 6.627.472 euros para el diseño de plan que hoy se presente y el desarrollo de actuaciones en los barrios de Araceli-Piedras Redondas-Los Almendros, El Puche, La Fuentecica-Quemadero y Pescadería-La Chanca”.
Una estrategia transversal
José María Martín ha señalado que “el plan, de carácter transversal y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, abarca las distintas políticas sectoriales que las administraciones autonómica y local desarrollan en estos territorios, entre las que destacan las relativas a la inserción socio-laboral de las personas en situación o en riesgo de exclusión social”.
En la elaboración de esta estrategia han participado las consejerías con competencias en educación, salud, empleo, vivienda y justicia, así como el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Además se han tenido en cuenta más de 400 entrevistas realizadas a los agentes sociales de cada zona.
La estrategia arranca con dos convocatorias de ayudas este año. La primera, ésta dirigida a entidades locales ya convocada, para reforzar el personal de los servicios sociales comunitarios en las zonas de intervención. La segunda, para entidades privadas sin ánimo de lucro.
El delegado de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha subrayado que “las zonas incluidas en el documento han sido seleccionadas teniendo en cuenta indicadores como la tasa de paro, la población inmigrante, la prestación de servicios públicos educativos y sanitarios y la existencia de problemas de seguridad y convivencia, entre otros”. Las áreas seleccionadas están, en su mayor parte, en entornos urbanos con elevada concentración de población en situación vulnerable y afectados por la existencia de barreras físicas.
La intervención se desarrollará bajo los criterios de participación de la ciudadanía, la integración de la perspectiva de género y el fomento de la solidaridad, la equidad, la interculturalidad y la diversidad, con un enfoque centrado en las personas y las familias. Partiendo de estos principios, se establecen cuatro grandes ejes: desarrollo económico y sostenible; políticas públicas para el bienestar y la cohesión social; mejora del hábitat y la convivencia, y trabajo en red para la intervención social comunitaria.
Entre las medidas concretas que se desarrollarán destacan las dirigidas evitar la ejecución de desalojos por el impago de alquileres o hipotecas; incrementar la empleabilidad, con especial atención a las mujeres; favorecer el comercio local; impulsar la economía social y solidaria; incrementar la dotación de equipamientos deportivos, culturales y sociales, y constituir una red de profesionales para apoyar la actuación en las zonas y reforzar el intercambio de conocimientos y experiencias.
El proyecto se desarrollará a través de Planes Locales de Intervención en Zonas Desfavorecidas, que han elaborado los ayuntamientos y, en el caso de municipios de menos de 20.000 habitantes, las diputaciones provinciales. Estos planes son aprobados por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales con una duración mínima de cuatro años e incluyen un diagnóstico de la zona, las medidas par alcanzar los objetivos propuestos, los recursos necesarios y el perfil de las personas y grupos a los que van dirigidos.
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