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El interlocutor Sanitario de la Policía Nacional en Almería ha puesto en marcha el pasado día 19 de marzo una serie de talleres formativos para el personal sanitario que desarrolla sus funciones en los centros de atención primaria y hospitales dependientes del Servicio Andaluz de Salud en Almería. Concretamente en este primer ciclo, se impartirá hasta mediados del mes de abril formación específica en materia de prevención y seguridad al personal sanitario del Hospital del Poniente en El Ejido.
La figura del Interlocutor Policial Nacional Sanitario fue creada para poner freno a las agresiones a nivel nacional, garantizando una atención personalizada a los profesionales sanitarios que sufran violencia o amenazas. A nivel territorial se ha ido desarrollando la misma figura pero con competencias limitadas a la provincia.
Instrucción 3/2017 de la S.E.S y el Plan de Prevención y Atención de agresiones para los profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz
En Almería, y dando cumplimiento a la Instrucción 3/2017 de la Secretaría de Estado de Seguridad, y por su parte como desarrollo del Plan de Prevención y Atención de agresiones para los profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz, el Interlocutor Sanitario ha venido desarrollando desde el mes de diciembre del año 2018 reuniones y encuentros previos con los responsables de los diferentes sectores y servicios de los centros de salud, hospitales, y centros de atención primaria, para canalizar las propuestas demandadas en materia de seguridad, y dar respuesta a las necesidades solicitadas por el personal sanitario.
Fruto de esa colaboración mutua y recíproca, se han puesto en marcha los mencionados talleres formativos en el Hospital de Poniente, y que a su finalización recorrerán los Centros de Atención Primaria de El Ejido, Hospital del Toyo, Hospital de Torrecárdenas y demás Centros de Salud de Almería y entorno, en virtud del ámbito territorial competencial correspondiente.
Durante la formación se pretende dar a conocer a los médicos, enfermeros, celadores, auxiliares y demás personal del Servicio Andaluz de Salud, los instrumentos de prevención que existen, y que además de una violencia física existe una agresión verbal y otra llamada patrimonial ( la ejercida sobre la persona jurídica del Hospital, como lo son los daños al mobiliario).
Medidas de Prevención estructural y detección de futuras conductas violentas, como objetivo
Además de las charlas impartidas, que por su parte cuentan con una certificación de reconocimiento asistencial, el Interlocutor Sanitario vela porque las medidas de prevención estructural de la agresión existan, o en su caso estén dispuestas de la mejor manera posible, como son la existencia de cámaras de seguridad, vigilantes de seguridad, pulsadores anti pánico, doble puerta -una de entrada y otra de salida- en las consultas, la correcta distribución del mobiliario para evitar agresiones y en su caso minimizar los daños derivados de las mismas, o la adecuación de gestores de colas y listas de espera de modo que la máxima información obtenida por el paciente, disminuya su frustración.
También se forma en la detección de futuras acciones violentas a través del estudio del lenguaje verbal y no verbal, la asertividad, escucha activa, el manejo de eventuales conductas suicidas frente a la agresión, o en las habilidades comunicativas en la relación profesional-paciente (roll-play).
Está también previsto la implantación de carteles informativos en los centros médicos, incluso incorporar dichos mensajes en medios audiovisuales (pantallas) donde se informe de las obligaciones y deberes a todas aquéllas personas que accedan al centro sanitario. Igualmente se informa a su vez que las agresiones a los profesionales tienen consecuencias jurídicas derivadas del vigente Código Penal (art.550 ), dado que hace extensible el Principio de Autoridad a toda persona que ejerce su trabajo en un centro de atención primaria, de salud u hospital dependiente del S.A.S, calificándose jurídicamente como atentado a la autoridad las agresiones sufridas en el ejercicio de sus funciones por los profesionales de la salud.
Sin embargo, para que el problema sea visible y se pueda actuar con la contundencia jurídica necesaria, es preceptiva la denuncia del sanitario, ya que tras la misma se pueden articular medidas cautelares como una orden de alejamiento del centro sanitario o incluso del personal a modo particular.
Con la denuncia además se produce la exposición pública de la actitud violenta, con mayor garantía de protección del personal sanitario, y así poder defender ante los tribunales el concepto del Principio de Autoridad, y sus consecuencias jurídicas derivadas.
Reunión del Interlocutor Sanitario Policial con el Delegado Territorial en Almería de Salud Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía
En una reunión mantenida en el día de ayer con Juan de la Cruz Belmonte Mena, Delegado Territorial de Salud Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Almería, junto con los dos Directores Territoriales de Asistencia Primaria, se pusieron en común diferentes estrategias de trabajo, para abordar una solución integral al problema de las agresiones en el ámbito sanitario. Además de las propuestas antedichas, el Interlocutor Sanitario de la Policía Nacional en Almería impulsó la necesidad de conocer las estadísticas delincuenciales, y en su caso estandarizar un único registro de agresiones producidas.
En la actualidad existe el Registro Informatizado de Agresiones (R.I.A) a nivel del S.A.S, dónde se recogen las agresiones sufridas por el personal sanitario en el ámbito laboral en su centro médico correspondiente.
Estadíscamente, y según la Organización Médica Colegial, en todo Andalucía durante el año 2018 se cometieron tres agresiones a sanitarios al día, y concretamente en la provincia de Almería, se registraron siete agresiones durante todo el año, de las cuales un 55% fueron agresiones físicas. Sin embargo, sólo se llega a denunciar un 10% de las mismas, algo en lo que han enfatizado ambas partes en poner una solución inmediata.
Entre las propuestas figura la posibilidad de existencia de denuncias estandarizadas, tramitación en el Colegio de Médicos de la denuncia y traspaso directamente al Ministerio Fiscal para evitar la doble victimización del sanitario, o la identificación en la denuncia mediante el número de colegiado, teléfono y domicilio del centro médico de referencia, y así no consignar datos personales de carácter sensible
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