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Es una realidad que los desahucios en Almería siguen estando a la orden del día por mucho que el Partido Popular reniegue de su existencia. Dicha información ha sido constatada por la plataforma PAH, que se ha sentado con la coalición conformada por IU-Equo.
La PAH basa dichos datos en el informe del Consejo General del Poder Judicial. Un informe que parece no tener validez en Almería, pues el Ayuntamiento hace oídos sordos. De hecho, España ha firmado el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales, un pacto internacional por el que nuestro país debe cumplir todos los informes realizados por su comité. Desde la plataforma PAH han compartido que es muy difícil sentarse a la mesa y parlamentar con el PP o Ciudadanos en nuestra ciudad para cumplir con dichos pactos internacionales.
La coalición IU-Equo apoya que por ley se obligue a los jueces a aceptar dichos informes, ya que actualmente cuando hay un desahucio se presenta el informe del comité Pidesc, pero si el juez no lo admite desde PAH envían un escrito directamente a Bruselas y desde el mismo comité reenvían posteriormente un requerimiento al juez, pero aún así, y tras todo este proceso burocrático, hay jueces que siguen adelante con los desahucios. Esta situación de zozobra legal hace que los gobiernos sean la única oportunidad de la ciudadanía, pues tienen en su mano hacer que los jueces cumplan la Ley, pero vemos como “en Almería nos encontramos con una grave escasez de voluntad política que emana directamente desde los que gobiernan en nuestro Ayuntamiento” según el candidato de IU, Enrique Ruíz. Esto es inexplicable ya que otros ayuntamientos a nivel nacional lo están cumpliendo.
Otra de las problemáticas que se ha puesto sobre la mesa es el ingente volumen de viviendas que poseen los bancos y cómo los mismos gestionan las hipotecas, vendiendo las mismas sin conocimiento de sus clientes. Pero no solo eso, la falta de alquiler y viviendas sociales hace que los almerienses estén desprotegidos cuando se enfrentan a un desahucio. Una provincia como la nuestra que se sitúa en la 2ª en número de desahucios a nivel andaluz, teniendo en cuenta que Andalucía es la 2ª comunidad autónoma con mayor volumen de desahucios y aún así el PP sigue negando la evidencia: 3 millones y medio de viviendas vacías en todo el territorio nacional.
Desde que empezó la crisis ha habido 700.000 desahucios, a día de hoy en 2018 se produjeron 165 diarios, “una cifra que produce escalofríos por la cantidad de familias destrozadas que hay detrás de una simple cifra” afirma Manolo Pérez Sola, candidato de Equo.
Por su parte, IU-Equo confirma que van a intervenir pues van a facilitar que cuando se produzca un desahucio la persona afectada pueda ponerse en contacto con los servicios sociales y tener la oportunidad de paralizar durante dos o tres meses el desahucio, para poder encontrar una alternativa habitacional. Aunque ante esto uno de los mayores problemas con lo que se encuentran es que los juzgados no están derivando a los servicios sociales y estos no tienen una unidad de emergencia o gente especializada que pueda hacer un informe de vivienda y buscar un alojamiento. Por ello, desde IU-Equo lo que se quiere es crear una Comisión Técnica, conformada por un representante del poder judicial y otro del Ayuntamiento para que de una vez por todos exista en Almería un protocolo de actuación ante un desahucio inminente. Y es justo puntualizar que tenemos 9 juzgados que pueden desahuciar, pero ninguno de ellos está especializado en ello y en realizar un protocolo adecuado por lo menores, personas discapacitadas, ancianos, etc. que quedan en el desamparo ante unas instituciones que actúan sin los conocimientos necesarios sobre lo que ejecutan.
En Almería hay instrumentos como La Oficina de Intermediación Hipotecaria cuya existencia la ciudadanía desconoce, por lo que “en el Pleno pedimos que hicieran publicidad institucional para que servicios sociales, como esta oficina, se conozcan. Que hicieran panfletos para informar de que existe, aunque dicha oficina requiere un mayor respaldo municipal, ya que al abogado no se le da la formación pertinente” según Enrique Ruíz.
Por último Iu-Equo también compartió que va a apostar por las que las entidades financieras se adhieran a la junta arbitral de consumo del Ayuntamiento de Almería para tramitar reclamaciones relacionadas con abusos bancarios.
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