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Agentes de la Policía Nacional en Almería en colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal (S.E.P.E), han destapado durante el primer trimestre del año 2019, un fraude que alcanza los 48.483,19 euros, y han sometido a una minuciosa investigación a al menos 120 personas.
El Servicio Público de Empleo Estatal como organismo autónomo dependiente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, promueve, desarrolla y diseña medidas y acciones para el empleo, ordena el desarrollo y seguimiento de los programas y medidas de empleo, y como última función, gestiona y controla las prestaciones por desempleo, haciendo posible este derecho de las personas desempleadas para su futura protección.
Para llevar a cabo esta protección, en colaboración diaria con la Policía Nacional, se realiza un intercambio de información y datos para así evitar el cobro de prestaciones indebidas por no haber derecho a las mismas, o haber cambiado las circunstancias que las habían originado.
Así está establecido que, si una persona se encuentra cobrando una prestación contributiva, subsidio por desempleo o la renta activa de reinserción ( R.A.I), en el momento de viajar al extranjero, las condiciones de la prestación varían.
Estancia inferior a 15 días dentro de cada año natural
En esta supuesto, la Administración no exige justificar el motivo del viaje, pero si recomienda comunicar al S.E.P.E. la estancia fuera de España, dado que en caso de no hacerlo y durante ese espacio se es convocado para un puesto de trabajo o realización de un curso, la ausencia a los mismos podrá ser sancionada.
Estancias superiores a 15 días
Para el caso de estancias en el extranjero que vayan a superar los 15 días de duración dentro de cada año natural, no se exige ninguna justificación específica, pero si la comunicación obligatoria al S.E.P.E., quien habrá de autorizarlo. Ahora bien, durante este espacio de tiempo no se genera el derecho al cobro de las prestaciones por desempleo, quedando suspendidas hasta el regreso, momento en el que deberán reactivarse.
Los agentes de la Policía Nacional en Almeria controlan a diario las entradas y salidas de España de los extranjeros requeridos por el S.E.P.E. en Almería, para evitar así incurrir dolosamente en un fraude que durante el año 2018 alcanzó casi el millón de euros ( 959.363,43 euros), para un total de 2315 personas investigadas.
El primer trimestre del año 2018, los agentes descubrieron un fraude de 374.130,11 euros; durante el segundo trimestre la cantidad alcanzó los 428.564,19 euros; 50.744,59 euros fueron destapados de julio a septiembre, y en el último trimestre del año, la cantidad defraudada descubierta ascendió a los 105.954,54 euros.
Gracias a esta intensa labor de investigación y la tenacidad en las actuaciones policiales, en el primer trimestre del año 2019, la Policía Nacional en Almería destapó un fraude que ascendió a los 19.269,74 euros.
Investigaciones propias de la Policía Nacional sobre empresas ficticias
Además de lo anterior, y en este mismo ámbito, la Policía Nacional desarrolla investigaciones propias sobre actuaciones que constituyen delito. Son las empresas "ficticias", es decir, entidades físicas o jurídicas sin entidad laboral real y efectiva, que son utilizadas de forma instrumental para simular negocios jurídicos y contrataciones de supuestos trabajadores a los que, a cambio de diferentes cantidades de dinero, dan de alta en la Seguridad Social. Por su parte, los responsables de las mercantiles investigadas declaran realizar una actividad laboral, algo que en realidad no sucede.
Fueron durante el año 2018 175 las personas investigadas por la Comisaría de Almería, que pretendieron formar parte de un entramado empresarial irreal, ascendiendo la cantidad defraudada y descubierta por los agentes a los 238.639 euros.
En este año 2019, durante el periodo temporal de enero a marzo, los agentes centraron sus investigaciones sobre 55 personas que constituyeron empresas simuladas y defraudaron 29.214,17 euros.
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En cualquiera de los casos, los defraudadores descubiertos están obligados a devolver las cantidades cobradas indebidamente, y en caso contrario, su estigmatización les conllevará al no acceso en un futuro a nuevas prestaciones, ni a ninguno de los beneficios recogidos en el sistema de Seguridad Social.
Gracias a estas actuaciones, se ha podido detectar y evitar un fraude a las arcas del Estado que alcanzó 1.5 millones de euros desde enero del año pasado.
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