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Se presentaron ante los andaluces como el Gobierno del cambio, pero lo que no nos dijeron es que el cambio iba a ser a peor. Y ya está aquí: las amistades peligrosas de PP y Cs con Vox, a quien le han entregado las llaves del Palacio de San Telmo a la primera de cambio, se van a traducir en el despido de 9.000 trabajadores públicos.
Estos 9.000 despidos no sólo van a tener un coste personal altísimo para los afectados –profesionales de primera que hacen posible que el sector público andaluz funcione–, sino que son la confirmación de que los servicios públicos de Andalucía, que han sido seña de identidad de nuestra comunidad autónoma y una referencia para el resto del país, comienzan a desmantelarse.
El mecanismo es sencillo: se empieza con el despido de los profesionales, luego se dice que el servicio que se está prestando es de mala calidad y, finalmente, el servicio se privatiza, encargándole la tarea a una empresa privada, que hará negocio con el dinero de todos.
Estos despidos no han sido confirmados por el Gobierno de PP y Ciudadanos, pero están incluidos en el acuerdo que el Ejecutivo de Moreno Bonilla ha firmado con Vox para conseguir el apoyo de la ultraderecha a sus presupuestos de 2019 y 2020.
Aunque la confirmación oficial aún no se ha producido, es cuestión de tiempo. Hace unos días, los parlamentarios socialistas pedíamos a la consejera de Empleo, Rocío Blanco, que aclarara si iban a realizar despidos o no. Su escueta respuesta fue que esta cuestión estaba “en el marco de unas negociones” y que por ahora no podía decir nada más. Como dice el refrán, quien calla otorga.
Éste es el primero de los precios que va a pagar el Gobierno andaluz por haberse buscado de aliado a Vox. Como dije la semana pasada desde este mismo espacio, el acuerdo alcanzado por las tres formaciones de derecha para los presupuestos de la Junta de Andalucía ha tenido su réplica en los ayuntamientos, donde Vox ha exigido su parte del pastel al PP para amarrar los gobiernos locales. Éste ha sido el caso, en la provincia de Almería, de los ayuntamientos de Roquetas de Mar y El Ejido, donde está por ver hasta dónde llegan las exigencias de la ultraderecha.
De momento nada ha trascendido, salvo el interés innegable de Vox por conseguir sillones y sueldos. Sólo así se puede explicar el lamentable espectáculo que ofrecía la formación ultra hace unos días, cuando el portavoz en El Ejido se sublevaba para conseguir un acta de diputado provincial, en contra de la voluntad de la dirección de su partido. Si estos son los comienzos, no me quiero ni imaginar cómo puede ser el final de todo esto.
Los que venían a regenerar el sistema de momento no han hecho más que recurrir a las peores prácticas de la política, como son el chantaje, el amiguismo y el intercambio de cromos a costa del interés general. Por lo demás, está por ver lo que nos deparará el futuro, cuando empiecen a salir a la superficie los acuerdos que han cerrado detrás de las cortinas y que han firmado por debajo de la mesa. Como decía Abraham Lincoln, “se puede engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo”, así que nos terminaremos enterando más pronto que tarde.
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