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Esta semana ha echado a andar el nuevo gobierno de España, un gobierno progresista, que tiene una potente agenda de medidas sociales y el claro objetivo de contribuir de forma decidida a la competitividad y la modernización de nuestros sectores productivos, para que sean capaces de hacer crecer nuestra economía, generando más riqueza, y que esta se reparta en nuestra sociedad de manera más justa de lo hasta ahora se ha repartido.
El Salario Mínimo Interprofesional es una cuestión, sin duda, de gran utilidad para contribuir a ese reparto justo. Son demasiados los trabajadores en nuestra sociedad con salarios precarios. En nuestra provincia, sin irnos más lejos, los sueldos más bajos se dan en la agricultura, en el manipulado, en los hoteles, en la restauración, y afectan a muchos jóvenes, a muchas mujeres, que trabajan a cambio de salarios que no pasan de los 3 dígitos, insuficientes a todas luces para vivir dignamente.
La subida del salario mínimo a 900 euros, ya materializada por el primer gobierno de Pedro Sánchez, ha sido un avance considerable que ha mejorado la situación de muchas personas y de muchas familias, sin que nuestra economía se haya resentido. Ese ha sido un gran avance, pero el objetivo del gobierno progresista de España es situar el salario mínimo en el 60% del salario medio de nuestro país para el final de la legislatura. Esta medida solo la puede impulsar en nuestra sociedad un gobierno progresista, porque solo un gobierno de izquierdas es capaz de trabajar en esa dirección, que no es otra que la de gobernar para la mayoría social del país, desarrollando políticas que eliminen o aminoren las desigualdades entre los que acumulan la riqueza y los que no llegan a final de mes.
El reparto justo de la riqueza que se genera en España debería ser una meta en torno a la cual todos deberíamos estar de acuerdo, pero compartirán conmigo que las fuerzas de derechas, de las tres derechas, no están de acuerdo con esa aspiración. En esto y en otras tantas cosas nos diferenciamos claramente: ellos prefieren la acumulación de la riqueza en unos pocos y, cuando gobiernan, lo hacen para ello y para ellos. Durante los años de Rajoy, en la época de mayor crisis, la derecha no tuvo piedad ninguna con muchas familias y aplicó sus principios y sus ideas en esa dirección. En Andalucía, ahora que se cumple un año de gobierno de las derechas, vemos claramente que su objetivo es que unos pocos puedan hacer negocio con el dinero de los servicios públicos educativos o sanitarios y que los más ricos de Andalucía paguen los menos impuestos posibles.
Volviendo al panorama nacional, la revalorización de las pensiones según se vaya encareciendo la vida o la subida del salario mínimo interprofesional son medidas claras que ayudan a repartir de una manera justa la riqueza que se genera en nuestra sociedad. En cuanto a las pensiones, los socialistas celebramos que nuestro gobierno, el de todos los españoles, haya comenzado a materializar sus compromisos subiéndolas un 0,9%, frente al 0,25 que Rajoy impuso. Es cierto que no es mucho, pero sí es casi 4 veces más que lo que la derecha habría aplicado a 11 millones de pensionistas, entre ellos a los más de 100.000 de Almería.
El reparto justo de la riqueza que se produce en la sociedad se consigue, entre otras formas, con medidas como ésta o con la subida del salario mínimo interprofesional, una decisión que el gobierno progresista tiene muy clara. Otros no pueden decir ni hacer lo mismo, lo cual nos diferencia rotundamente a los ojos de todos los ciudadanos de España.
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