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Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una trama con un total de 30 implicados en El Ejido y Roquetas de Mar incluido el máximo responsable de la red, dedicados a facilitar y gestionar documentos falsificados a ciudadanos extranjeros en situación administrativa irregular. Las personas extracomunitarias pagaban entre 500 y 2.200 euros por obtener toda la documentación necesaria para tramitar y cursar las solicitudes para así poder regularizar su situación.
La actuación policial desarrollada en El Ejido se inició a primeros de noviembre del año 2019, y con la colaboración por parte de la Oficina de Extranjería de Almería. Los investigadores detectaron que se estaban presentando solicitudes de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales a través de la vía del arraigo, como trabajadores por cuenta propia, simulando con documentos fraudulentos, que dichos ciudadanos extranjeros cumplían con los requisitos exigidos por la normativa de disponer de capacidad para llevar a cabo proyectos empresariales por cuenta propia que finalmente resultaban ser inexistentes.
Todos los trámites de solicitud de dichas autorizaciones, así como la consecución de dichos documentos falsos, se gestionaban y llevaban a cabo a través de una asesoría ubicada en la localidad almeriense de Aguadulce-Roquetas de Mar.
Un matrimonio responsable de una asesoría jurídico-mercantil lideraba la organización
En el transcurso de la investigación, los agentes identificaron a los dos responsables de la trama, un sujeto natural de Marruecos, que actuaba como gestor administrativo, y su mujer, abogada de profesión. Entre ambos regentaban un despacho de asesoría y gestoría en Aguadulce, y aparte de tramitar todo lo necesario ante la oficina de extranjería, proporcionaron y falsificaron proyectos empresariales como trabajadores autónomos, contratos de arrendamientos de viviendas, locales, trasteros, certificados y diplomas de trabajo de empresas extranjeras, e incluso partes facultativos de asistencia médica con los que tratarían de justificar que el ciudadano extranjero cumplía con el requisito de llevar más de tres años residiendo en España para demostrar el arraigo.
La pareja arrestada contactaba con inmigrantes conocedores de la falsedad de los hechos, a los que se les cobraba entre 500 y 2.200 euros a cambio de ofrecerles y gestionarles la documentación necesaria para obtener una tarjeta de residencia en España.
Durante la operación se ha intervenido abundante documentación incriminatoria, siendo objeto de investigación 28 expedientes correspondientes a 25 solicitudes de ciudadanos marroquíes, dos de ciudadanos senegaleses y una de un natural de Gambia.
La Operación Caravana se ha saldado con 10 detenidos y 20 investigados no detenidos, a quienes se les acusa de los delitos de falsedad documental, estafa, y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. En el caso del máximo responsable de red, éste ya había sido arrestado por la Policía Nacional en Almería en octubre del año pasado, y cuenta con antecedentes policiales por hechos similares desde el año 2014.
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