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Al contrario de lo que está sucediendo en la mayoría de centros penitenciarios, el Director del Centro Penitenciario de Almería se niega a cumplir los servicios mínimos recogidos en el Real Decreto del Gobierno que decreta el Estado Alarma, las Instrucciones de Función Pública y las específicas del Secretario General de IIPP.
El director ha decidido, unilateralmente, que toda la plantilla venga a trabajar sin organizar equipos de trabajo estancos, a pesar de haberse reducido el trabajo en prisión. Mientras que se ha suspendido la actividad judicial, los traslados de presos, las comunicaciones familiares, o los permisos de salida, la dirección mantiene el 100% de los servicios, poniendo en grave peligro la salud e integridad de sus trabajadores y de los propios internos.
En estos momentos tan excepcionales, se prioriza el cumplimiento estricto del horario al deber de proteger la salud pública y de promover medidas de conciliación de vida familiar y laboral para el personal penitenciario que no tiene dónde dejar a sus hijos menores al cerrarse los colegios.
Desde el sindicato llevamos más de una semana, pidiendo al director que reduzca el 50% de la actividad de las oficinas y tratamiento penitenciario, permaneciendo el resto del personal localizable, aislado en sus casas y a disposición del centro cuando se les requiera. Igualmente propusimos reducir el Equipo Sanitario para garantizar la presencia física diaria de 1 médico, 2 enfermeros y un auxiliar de enfermería, y anticiparnos a tener personal sano que pueda continuar prestando este servicio público esencial, si una guardia presentara síntomas compatibles al Covid-19. Sin embargo, la dirección no ha atendido a las peticiones.
El virus del Covid-19 ya ha traspasado los muros de las prisiones y se extiende por 28 centros penitenciarios de la Secretaría General. No queremos que se repita en las prisiones, la situación dramática de las residencias de ancianos, con las que compartimos factores comunes. La población reclusa convive en espacios cerrados de confinamiento, están hacinados y padecen inmunodepresión adquirida y patologías previas.
Además que es muy difícil evitar contagios y controlar pandemias con el déficit estructural de efectivos y el grave problema de envejecimiento que tenemos. Sólo en personal facultativo el 40% de las plazas están vacantes y cerca del 40% de los médicos que trabajan en prisión, tienen más de 60 años, lo que les convierte en grupo de riesgo a la enfermedad. Aún así estamos en primera línea, luchando contra el coronavirus.
Sin duda, esta actitud tan negligente tiene también consecuencias más allá de los muros de una prisión, perjudicando la salud pública del conjunto de la ciudadanía, que tantos esfuerzos humanos y materiales, está costando proteger.
Desde CCOO exigimos a la dirección rectifique su posición y reduzca la actividad de las oficinas y de los profesionales sanitarios, a nivel de los servicios mínimos indispensables recogidos en el Real Decreto de Alarma para contribuir a la contención del coronavirus entre los trabajadores/as penitenciarios y la población interna de Almería.
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