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Las semanas avanzan con la esperanza de haber iniciado ya el camino hacia la nueva normalidad, observando con esperanza el ritmo de descenso en contagios y fallecimientos, pero con la apelación permanente a la responsabilidad individual y colectiva para intentar evitar, a toda costa, que se produzca un rebrote de la pandemia como ocurre en otros países y podamos alcanzar un nivel mínimo de contagios sin fallecimientos. Entre tanto, la poderosa reacción del Estado durante estas durísimas semanas va a ser la clave de una mejor recuperación y reconstrucción social.
En este sentido, el Gobierno de España se ha enfrentado desde el primer momento a una situación sin precedentes, priorizando y orientando todas las medidas que ahora sirven de escudo social para las familias, trabajadores y empresas bajo la máxima que el presidente, Pedro Sánchez, ha defendido siempre: que lo primero es la salud y que inmediatamente después vienen la economía y la política para construir esa triple red.
En ese esfuerzo titánico y permanente, al que ningún gobierno ha tenido que hacer frente en 40 años de democracia, sus medidas de apoyo a los distintos sectores económicos y sociales han permitido, por ejemplo, reducir entre un 3.5 y un 5% la caída del PIB, lo que permite al Gobierno y al Estado responder de una manera más solvente y robusta a las necesidades de familias, empresas e, incluso, de las administraciones. Para ello, ha puesto en marcha todo tipo de medidas de apoyo, como las contempladas en el Real Decreto de 21 de abril de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.
Pero si hay un instrumento que está sirviendo de triple red de sustento a este país es el de los Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTE9 que, en este momento, cubren ya a más de tres millones de trabajadores y a más de 550 empresas, convirtiéndose en el mejor indicador de su utilidad y rentabilidad social que, por otro lado, ha ayudado a que la caída en las afiliaciones a la Seguridad Social sea muy inferior a, por ejemplo, el de la pasada crisis económica, donde no había medidas de protección por parte del Gobierno del PP.
El BOE publicaba el pasado miércoles el Decreto con el Acuerdo Social en Defensa del Empleo. Un gran pacto entre agentes sociales y gobierno, que logra aunar los intereses de todos en defensa y viabilidad de la recuperación de nuestra actividad económica, dando más facilidades y creando un potente conjunto de medidas de protección del empleo y de la actividad productiva para que nadie se quede atrás.
Por eso, la reacción del Estado está siendo determinante para evitar un desastre económico y social sin precedentes, donde también hay que ayudar y correr en auxilio de las administraciones más cercanas a los ciudadanos como los ayuntamientos, con medidas económicas de flexibilización del techo de gasto y la utilización del superávit. Todo esto junto a los fondos que recibirán de forma extraordinaria las autonomías para financiar sus servicios sanitarios, no solo para compensar el gasto de estos meses, sino para reforzarlos y robustecerlos como servicio público esencial en el que siempre hemos creído y por el que siempre hemos apostado los socialistas.
La respuesta y la reacción del Estado se convierte en la mejor vacuna para salvar vidas, empresas y puestos de trabajo en esta pandemia en la que se precisa, además del acuerdo de los agentes sociales y económicos, el de los partidos de la oposición que hasta ahora se van quedando solos y aislados sin querer comprometerse con la tarea compartida a la que estamos llamados como sociedad.
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