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Chile despertó de un largo sueño hace un año cuando un grupo de jóvenes protestaron por la subida del transporte público. Aquella acción originó lo que se conoce ya para la historia como la Primavera Chilena. Impulsados por los jóvenes, lo más bonito de todo, el pueblo salió a las calles de forma masiva, pacífica y familiar para protestar por la desigualdades sociales, económicas y ambientales del país. Gracias a la unidad de la ciudadanía, las grandes elites que han saqueado el país durante décadas, perpetuando los pilares de la dictadura bajo el nombre de democracia, tuvieron que recular asustados y aceptaron convocar un plebiscito para votar si hay que redactar una nueva Constitución que sustituya a la de 1980.
Esa convocatoria llegó después de intentar calmar el estallido social con las clásicas herramientas del poder. Lo primero fue decretar que se bajaría el precio del transporte público, pero ya era tarde, el vaso se había desbordado y la gente exigía un cambio. Así que el Estado, después de que la represión policial no funcionase, anunció la Nueva Agenda Social, un conjunto de medidas que afectaban a las pensiones, la salud, los salarios, la energía, los impuestos y una restructuración de la administración pública con la eliminación de parlamentarios y reducción de sus salarios. Pero el pueblo no los creyó porque es lo mismo que llevan haciendo décadas, promesas que luego no cumplen.
Ante la presión popular Piñera anunció la reorganización de su Gobierno, cambiando algunos ministros, señalando algunos culpables y sustituyéndolos por otros de igual calibre. Pero tampoco fue suficiente, porque los chilenos no estaban dispuestos a ceder y aspiraban a cambiarlo todo, no una pequeña parte. Sus miradas estaban puestas en la Constitución de 1980, aprobada por Pinochet tras un Golpe de Estado, que beneficia a la propiedad privada, a las grandes empresas, al libre mercado, frente a los derechos de la ciudadanía. En la actual no hay sitio para el derecho a la vivienda, al trabajo, a la salud y a la educación. Se permite que las empresas arrasen con el medio ambiente, que privaticen el agua, que monopolicen la riqueza. Un modelo que ha permitido que los datos macroeconómicos luzcan en verde para el resto del mundo, mientras el pueblo vive autenticas penurias para conseguir una vida digna e igual para todos.
Se espera una participación masiva en el ilusionante plebiscito que debía haberse celebrado el 26 de abril. Solo el COVID frenó las reivindicaciones populares y pospuso, la que debe ser una jornada histórica para el 25 de octubre. Las encuestas vaticinan que ganará el Apruebo frente al Rechazo a la pregunta de si quieren una nueva Constitución. Y la de que sea una Convención Constitucional, conformada al completo por constituyentes elegidos por el pueblo, la que gane frente a la Convención Mixta donde solo la mitad serían elegidos por la ciudadanía y la otra mitad serían miembros del actual Congreso.
Datos que pueden reducirse por las desigualdades que el virus ha puesto sobre la mesa, ya que 9 millones de chilenos van a estar sometidos a cuarentena y son los que viven en las comunas más pobres. Si le sumamos que muchos preferirán no votar por miedo al contagio, la incertidumbre está servida. Pero soy optimista y estoy convencido de que Chile despertó para despertarnos al resto del mundo, para demostrarnos que juntos se pueden cambiar las cosas. Lo que exigen los chilenos es lo mismo que nosotros reclamamos y ellos nos mostraron el camino.
No se dejen llevar por las informaciones sesgadas porque solo veríamos la barbarie de las iglesias quemadas. Para quemar una iglesia solo hace falta un energúmeno con un coctel molotov, para cambiar una Constitución hace falta todo un pueblo y mucho tiempo saliendo a las calles de forma pacífica.
La violencia no la ejerció la ciudadanía. Durante las primeras concentraciones se pusieron casi 5.000 querellas contra los carabineros por violaciones de los derechos humanos, que incluyen torturas, abusos sexuales, vejaciones, uso indiscriminado de la fuerza y también, heridos por armas de fuego, muertos, y más de 460 personas con daño ocular. Solo 75 personas han sido procesadas y el resto de casos sigue abierto. Una de las iglesias que ardieron, y no lo justifico, era la San Francisco de Borja, donde los carabineros realizan sus ceremonias institucionales. Que el humo no nos impida ver el horizonte.
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