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La Junta de Personal Docente no Universitario de la provincia de Almería manifiesta su preocupación por la falta de coordinación entre las delegaciones de Salud y Educación, ya que los criterios que se están siguiendo son contradictorios y afectan al personal docente, al alumnado y a las familias. Por un lado, las autoridades sanitarias apuntan que, ante un contacto estrecho y aun dando negativo, se guarde un periodo de cuarentena en el domicilio. Sin embargo, desde Educación se exige al personal de que debe incorporarse.
Esta situación se ve agravada por el tiempo que se tarda en realizar test a los docentes y al alumnado, para así descartar posibles contagios o por los cambios de protocolos en relación a lo que se considera contacto estrecho cuando, en un principio, se dijo que se harían test a todo el grupo y al profesorado.
Para el colectivo es obvio que está aumentando la curva de contagios y aunque el consejero de Educación, Javier Imbroda, proclame que los centros educativos son lugares seguros, los hechos demuestran lo contrario, ya que el aumento de bajas es significativo, el número de alumnos y alumnas confinados aumenta y los contagios siguen incrementándose. La Junta de Personal reclama que se realicen los correspondientes test PCR y que se cumpla la cuarentena establecida por las autoridades sanitarias
En medio de toda esta deriva, el colectivo profesional denuncia que la Delegación de Educación no ha cumplido con el compromiso del reparto de mascarillas y gel en el mes de octubre. “Tampoco hay noticias del aumento de presupuesto de los centros para afrontar ese gasto, lo que avoca a que los docentes tengan que protegerse por sus propios medios, hecho totalmente inadmisible y que va en contra del estatuto de los trabajadores y contra la ley de prevención de riesgos laborales”, señalan.
En relación a la falta de medios, se puede constatar que, en algunos centros de la provincia, donde se están viviendo una situación extrema, se encuentran ante la imposibilidad de atender al alumnado, ya sea por falta de personal, o por la no cobertura de las bajas, bien sea por cuarentena como consecuencia de la COVID 19 o por ser bajas de larga duración. Y los llamamientos en SIPRI se han reducido a uno a la semana, un día menos con respecto al curso anterior.
Todo esto se traduce en menos docentes en los centros educativos almerienses, lo que conlleva caos organizativo y el descontento de las familias ante la falta de respuesta por parte de la Administración. Los equipos directivos hacen malabares para que los centros educativos funcionen mientras las Junta de Andalucía mira para otro lado. Es por todo esto que, desde la Junta de Personal Docente, demandan una cobertura de bajas adecuadas, indispensable para poder atender de forma segura al alumnado.
Sin olvidar que también existen centros donde la ratio ha aumentado por incorporaciones de última hora, donde se sobrepasa la legalmente establecida, ya de por sí alta, pero que en estos tiempos de pandemia es, si cabe, más preocupante.
Como ejemplos de estas situaciones, la Junta de Personal apunta a institutos como el IES Las Marinas de Roquetas o en el primer curso del CEIP Virgen del Saliente de Albox con ratio por encima de la estipulado, el CEIP Virgen del Mar de Cabo de Gata, con problemas para atender al alumnado por falta de personal o el IES Santa María del Águila, el IES Galileo, entre otros.
Respecto a la falta de medios también reclaman el reparto en la provincia del material que se ha adquirido por valor de 45 millones de euros en virtud del acuerdo del Consejo de Gobierno del 28 de julio. Dicho material incluye ordenadores para las labores docentes. Pues ese material, en la provincia de Almería, lleva un ritmo de reparto muy lento y, a más de un mes de empezar el curso, todavía no ha llegado a todos los centros.
Otro problema que denuncia la Junta de Personal es la falta de transparencia en cuanto a los datos sobre contagios en aulas y centros concretos. “Lo que no se mide no existe, y con este corolario, la administración está haciendo ver que no hay problemas en los centros educativos. Sin embargo, se necesita transparencia, lo necesita la ciudadanía y el profesorado. Consideramos esencial que el profesorado conozca los casos que se producen en su centro y así poder tomar las medidas oportunas adecuadamente”, puntualizan.
“No podemos estar ocultando una realidad en aras de vender que los centros educativos son sitios seguros, porque no lo son, ya que estamos en una pandemia y no podemos hablar de sitios seguros tan alegremente”, concluyen.
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