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Foto Archivo Representativa
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La Guardia Civil ha confirmado, tras el análisis de laboratorio realizado a la muestra de saliva tomada en el lugar de los hechos, la presencia de cocaína y cannabis en el organismo del conductor que colisionó con un ciclomotor a las 01:40 horas del pasado 18 de octubre de 2020 en el km. 54,100 de la carretera A-1100, término municipal de Cantoria (Almería), y que costó la vida de los dos menores de edad ocupantes del ciclomotor. El conductor del turismo identificado como P.A.C.O., de 30 años de edad, que fue detenido y puesto a disposición judicial, se encuentra actualmente investigado por dos delitos de homicidio por imprudencia grave y otro por conducir bajo la influencia de las drogas.
La última Memoria de Tráfico del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de 2019, en referencia a los análisis toxicológicos efectuados a las víctimas mortales de accidente de tráfico correspondientes a ese año, revela que sobre una muestra de 558 conductores fallecidos, sometidos a autopsia, el 45,5% (254) de ellos presentaron resultados positivos en sangre a drogas y/o alcohol, siendo el 96,1 % varones. Estos datos revelan la dimensión del problema de seguridad vial generado por el binomio de consumo de drogas y conducción, y su incidencia como factor principal de la siniestralidad, otrosí los efectos negativos que aquellas ejercen sobre las facultades psicofísicas del conductor necesarias para una conducción segura.
En cuanto a las drogas, el cannabis, que junto a la cocaina, es la de mayor prevalencia, además de su efecto deshinibidor, tiene efectos euforizantes, alteraciones de la percepción temporal y espacial, reducción de la capacidad para realizar actividades coordinadas, pudiendo llegar a producir efectos dislépticos con alucinaciones e ilusiones, incompatibles todos ellos con una conducción segura y siendo indiscutible su relacion con los siniestros viales.
Una de las respuestas a esta grave situación en el tráfico viario es, principalmente, la concienciación de la sociedad a través de la educación vial en el ámbito escolar, familiar e incluso sanitario, de que alcohol/drogas y conducción supone un potencial riesgo para la vida e integridad física de las personas, pudiendo derivar tal acción en graves responsabilidades administrativas y penales.
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