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Parece que el ruido de fondo que se ha generado con la nueva ley de educación LOMLOE, popularmente conocida como ley Celaá, tiene como principal objetivo que no se sepa lo que cambia, lo que realmente aporta al sistema o más bien lo que repara de un sistema que no aporta precisamente en estos momentos unos resultados de los que podamos presumir.
Todos somos conscientes de que necesitamos converger con la Unión Europea no sólo en infraestructuras, pero en ocasiones da la impresión de que olvidamos la parte más importante de esa verdadera convergencia, que además de pasar por carreteras y trazados de Ave, debe tener su principal soporte en un modelo educativo que perfeccione a nuestros jóvenes como lo que somos: ciudadanos europeos.
No voy a perder un solo minuto en desmontar la LOMCE o Ley Wert ni la precarización a la que nos ha llevado, porque la nueva norma soluciona precisamente uno de esos problemas, el del fracaso escolar, con medidas específicas que garantizan apoyos personalizados para aumentar los resultados, terminar con el abuso de hacer repetir y con ello paliar la alta tasa de desmotivación y abandono temprano. Solo se permitirá repetir dos veces en toda la enseñanza obligatoria, y se anteponen las medidas paliativas porque la enseñanza está para motivar y no para todo lo contrario. Y poco se habla de esto.
Parece que entre confeccionar lazos y pancartas algunos no han reparado en que esta ley refuerza las garantías de gratuidad, incrementa las plazas o mejora la transición entre Primaria y ESO con planes individualizados para el alumnado con dificultades. Y lo que para mí es más importante que el enfado de algunos lobbies de la enseñanza concertada por su pérdida de peso, es que ahora se trabajará de verdad para que la igualdad de oportunidades en la escuela rural sea un hecho. De hecho, es desde ahora Ley.
Acabamos con las reválidas y configuramos un bachillerato flexible que podrá realizarse en tres cursos, atendiendo a los ritmos y necesidades de cada alumno, pero parece que nos molesta más, por lo que dice la derecha en Madrid o Sevilla, que en Cataluña, Galicia o País Vasco se reconozca el papel de la lengua en la que ahora y desde hace muchos años se imparten las clases. De esto tampoco se habla.
Lo otro de la Ley, estas medidas que se ocultan tras el humo político, no le interesan a una parte del arco parlamentario. Esos que siguen empecinados en aquello de que cuanto peor le vaya a España mejor para ellos, porque creen que así tienen más oportunidades de volver al Gobierno, han sobrepasado una verdadera línea roja. Jugar con el futuro de los niños y adolescentes españoles, intentar privarles de su derecho como ciudadanos europeos de tener los mismos estándares formativos es inmoral e indecente. Y que nadie se equivoque, que eso no es política. Ni tampoco idelogía. Y como ya se dijo en su momento, “es más bien la economía, estúpido”.
Sonia Ferrer Tesoro, diputada nacional del PSOE de Almería
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