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AUGC Almería viene denunciando reiteradamente las lamentables condiciones bajo las que los guardias civiles tienen que trabajar en la provincia, debiendo además soportar la falta de medidas y de medios para hacer frente a la pandemia. A todo ello debemos añadir la ausencia de comunicación tanto con el Subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente, como con la Delegada del Gobierno, Sandra García, al rechazar desde sus respectivas instituciones en múltiples ocasiones recibir a los legítimos representantes de los guardias civiles.
Llueve sobre mojado, y es que acaban de conocerse cuatro positivos en la Policía Local de Vera, cuyos integrantes comparten forzosamente dependencias con la Guardia Civil de esta localidad, tras la declaración de “inminente colapso” del cuartel de la Benemérita (pese a dicha declaración, hemos de reseñar que el acuartelamiento sigue en pie).
Esta declaración llevó apresuradamente a mezclar el pasado año a los componentes de ambos cuerpos, poniendo en riesgo la salud de compañeros, sus familias y vecinos, cuando existían las restricciones más duras, hechos denunciados con anterioridad por AUGC.
Dicha situación la denunciamos incluso ante Inspección de Trabajo, poniendo de manifiesto las carencias y deficiencias de estas instalaciones, como por ejemplo la ausencia de un aseo donde ducharse, respondiendo que los guardias civiles se pueden duchar en caso de ser necesario en las duchas del vestuario femenino de la “Policía Local”, si bien esta circunstancia no se ha comunicado a los integrantes de estas unidades, pues al tratarse de unas dependencias ajenas al cuerpo carecen de reglas propias que deberían estar en un “Libro de Normas de Régimen Interior y Plan de Evacuación de Emergencia”, el cual, casi un año después del traslado, no existe.
El coronavirus golpea violentamente a la Guardia Civil de Almería durante el presente año, al igual que al resto de la población, cuando mayor incidencia está teniendo, pero en el caso de la Guardia Civil no se están tomando las medidas adecuadas y mucho menos estamos para presumir de medidas adoptadas y de una eficacia que no es tal.
Además, a la relación habitual con los ciudadanos locales debemos sumar el problema en materia de inmigración. No se puede publicar que ha bajado el número de inmigrantes en la provincia sin sonrojarse, cuando lo que ocurre realmente es que se intercepta a muchos menos inmigrantes al tener menos capacidad operativa por el obsoleto modelo policial y deficientes instalaciones y vehículos para la prestación del servicio, dándose además la circunstancia de que debido al gran número de llegadas no es posible separar los inmigrantes de las diferentes pateras, y el hecho de que en caso de positivo de alguno de ellos los guardias civiles que los acompañan durante su traslado tienen conocimiento después de haber estado con su familia y compañeros.
A todo lo anterior hemos de añadir que es urgente aumentar la seguridad de los guardias civiles que custodian y trasladan a los presos y detenidos desde el Centro Penitenciario y del resto de unidades, para lo que se debería realizar un test previo a dichos traslados, lo que evitaría contagios y situaciones como la que se produjo días atrás con más de una decena de compañeros aislados y varios positivos.
AUGC considera que la Guardia Civil está actuando tarde, escasamente y mal en la crisis del coronavirus, sin cambiar el modelo policial ni hacer turnos estancos, multiplicando el riesgo exponencialmente mezclando guardias civiles de diferentes unidades.
Se trata de una situación absolutamente inasumible en un Estado de Derecho y ante la que, además, deben sufrir el abandono de la propia institución a la que se sirve. Se deberían implementar medidas importantes en la gestión de la llegada a nuestras costas de migrantes, como el establecimiento de protocolos propios claros, adecuando los medios materiales y personales o las consecuencias seguirán siendo fatales, las instrucciones dadas al respecto el pasado septiembre son insuficientes y de difícil aplicación sin modificar el modelo policial.
AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización y la desmilitarización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (apdhe).
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