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Los concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Eusebio Villanueva y Fátima Herrera, han denunciado hoy "el fracaso" del equipo de gobierno del Partido Popular en su política de vivienda y han exigido al alcalde que apruebe el protocolo de desahucios planteado por los socialistas hace un año, en el que se pedía la aplicación de criterios sociales para proporcionar una alternativa a los inquilinos de la empresa municipal de la viviendaAlmería XXIque no puedan hacer frente a la mensualidad, algo que consideran muy necesario, especialmente ahora, a consencuencia de la crisis.
"El fracaso que supone el desahucio de una familia que vive en una vivienda municipal es el fracaso de todo el Ayuntamiento", ha manifestado Villanueva, al tiempo que ha criticado que "años después de su creación, el PP no haya sido capaz de hacer funcionar esta empresa con el objetivo para el que fue creada: cubrir las demandas de aquellos almerienses que tienen dificultades para acceder a una vivienda". Así, ha recordado que "la empresa municipal ha de perseguir un fin social, por encima del empresarial y, en los casos de impago, su papel no puede ser el de mero observador".
Precisamente es el aspecto social donde, según la concejala socialista Fátima Herrera, radica la diferencia entre lo que hace el PP y lo que propone el PSOE. "En octubre de 2020, la empresa municipal proponía que, si finalmente era imposible el abono de la deuda, esta circunstancia fuera causa directa del inicio de un procedimiento de desahucio; en cambio, el Grupo Socialista exige, para estos casos, un informe de los Servicios Sociales, con las posibles soluciones habitacionales, que deberá ser vinculante para la empresa", ha destacado.
"Serán los propios Servicios Sociales los que, en el caso de producirse un impago, deberán volver a analizar la situación, las causas que lo han originado y proponer las medidas que permitan el abono de la deuda y la continuidad en el uso de la vivienda", ha indicado Herrera. Para ello, podrán establecer un alquiler de menor cuantía según el análisis de la nueva situación económica del inquilino, teniendo en cuenta la recomendación de que dicho alquiler no supere el 30% de los ingresos familiares.
Un año en blanco
En la rueda de prensa que han ofrecido en el barrio de Pescadería, junto a las viviendas de Almería XXI de la calle Maromeros, los concejales han recordado que en febrero de 2020pidieron la aprobación de un protocolo a tal efecto, pero que "el alcalde sigue mirando para otro lado"."El desahucio debe ser un procedimiento residual, y hay que procurar por todos los medios la continuidad en el uso de la vivienda o la búsqueda de una alternativa habitacional", ha manifestado Villanueva.
En aquel momento los concejales del PSOE, Fátima Herrera, Pedro Díaz y Eusebio Villanueva, presentaron un borrador inicial de protocolo para ser discutido en la reunión del Consejo de Administración de Almería XXI. El Consejo no se reunió hasta octubre de 2020, momento en el que la empresa presentó una alternativa a la propuesta presentada en febrero, quedando sobre la mesa la incorporación de nuevas aportaciones de otros miembros del Consejo.Llegado diciembre, con la misma situación de meses atrás, el Grupo Socialista decide presentar un nuevo documento donde se definen con más precisión los plazos de intervención y las garantías del procedimiento a seguir en caso de desahucio.
En dicho protocolo, el PSOE propone que "solo en el caso de que el inquilino se niegue, sin causa acreditada, a aceptar alguna de las soluciones planteadas, estaría justificado iniciar el correspondiente expediente de desahucio", si bien ha destacado Villanueva que "ninguno de los inquilinos del Ayuntamiento está en esa situación" y, por el contrario "todos hacen el esfuerzo de realizar sus pagos".
Datos
La empresa municipal Almería XXI dispone de un parque de 110 viviendas en alquiler, 35 de ellas con opción a compra. Según los estatutos de la empresa, el objetivo fundamental del alquiler de viviendas debe ser la atención a las familias desfavorecidas, en riesgo de exclusión social o con dependientes a su cargo. Además, la renta debe acomodarse a las condiciones económicas particulares de los beneficiarios.
En algunos casos, no muy numerosos, los inquilinos no pueden pagar el alquiler, lo que provoca situaciones difíciles de superar por la acumulación de una gran deuda (de más de 5.000 euros) y el inicio de procedimientos de desahucio. Uno de estos ejemplos es el de una madre de familia, con una hija de 10 años a su cargo, que a principios de 2020 estaba a punto de ser desalojada de su vivienda, sin solución habitacional alternativa.
Almería XXI no dispone de un protocolo para estos casos que permita evaluar las circunstancias personales y las causas de esos impagos y que ofrezca una solución a estos inquilinos. Por el contrario, hasta la fecha, su actuación se ha limitado a requerir el pago a los inquilinos y tramitar los desahucios con una empresa de gestión externa, ajena al Ayuntamiento y que, por tanto, desconoce las circunstancias de la persona que va a desahuciar.
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